BUENOS AIRES.- Un tribunal argentino apartó al juez Jorge Urso de las causas contra del ex presidente Carlos Menem, a quien mantuvo en prisión domociliaria desde el 7 de junio hasta que la Corte Suprema ordenó su liberación el 20 de noviembre, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Urso se había quedado la semana pasada sin la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, entre 1991 y 1995, por la cual había ordenado el arresto de Menem, pero la Cámara Federal porteña decidió apartarlo ahora de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex mandatario.
La Cámara resolvió que ese proceso lo lleve adelante el juez en lo Penal Económico, Julio Speroni, quien ya concentra las instrucciones por venta de armas a Croacia y Ecuador y otra por contrabando de pólvora a ese país europeo.
Según las fuentes, el tribunal ordenó el traslado de la causa por supuesto crecimiento irregular del patrimonio de Menem (71 años) por entender que existe "conexidad" con las instrucciones que sigue Speroni.
El ex mandatario (1989-99) quedó en libertad por un controvertido dictamen de la Corte Suprema que desestimó la existencia de una asociación ilícita en la operación ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Según la prensa porteña, Menem mantiene fuertes vínculos con integrantes del máximo tribunal, cuyo titular compartió con el ex mandatario un estudio de abogados en La Rioja (noroeste), la provincia natal de ambos.
Paralelamente, la Cámara de Casación Penal consideró que una explosión, que causó varios muertos, ocurrida en 1995 en la fábrica militar de la localidad de Río Tercero (provincia de Córdoba, centro) no tuvo relación alguna con la causa de las armas, negando a Urso la posibilidad de investigar el caso.
Varias denuncias habían señalado que la explosión del polvorín, que causó varios muertos, se habría producido para borrar pruebas sobre la operación del tráfico de armas.
No obstante, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, calificó el hecho de "estrago culposo" al considerar que "una vez iniciado el incendio (en la fábrica militar), este no pudo ser controlado ni extinguido en tanto los imputados no cumplieron con sus obligaciones de vigilar y hacer cumplir las medidas de seguridad necesarias".
