BOGOTA.- Mañana el proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cumplirá tres años en medio de un estancamiento que llevó a un negociador oficial a reconocer que los diálogos se encuentran en la "cuerda floja".
Tras reunirse el jueves y viernes, las partes no pudieron destrabar las negociaciones paralizadas desde mediados de octubre por la insistencia de las FARC de que se levanten los controles militares en torno a la zona de despeje bajo su poder, demanda que rechaza de plano del Gobierno.
"Hay una crisis profunda que afecta el proceso. Yo creo que es la más grave que ha padecido el proceso en toda su historia, pero piensa uno que las crisis también se pueden superar", dijo este domingo el vocero rebelde Raúl Reyes, al canal de televisión RCN.
Las partes tienen previsto reunirse nuevamente este lunes para ver si por fin logran destrabar los diálogos, cuando faltan sólo 13 días para que el Presidente Andrés Pastrana decida si extiende o cancela la vigencia del área desmilitarizada.
En este contexto, el periódico "El Tiempo", el de mayor circulación nacional, entrega este domingo un balance sobre las ganancias y pérdidas que han arrojado 36 meses de conversaciones para los actores del conflicto armado.
En el caso de la mayor guerrilla del país, el diario afirma que ésta ha ganado con el proceso la tranquilidad que le brinda la zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados -el tamaño de Suiza-, el status político que le permite dar a conocer sus ideas a nivel nacional e internacional y una mayor fuerza militar en regiones del sur del país.
Pero, a su vez, los rebeldes han perdido prestigio internacional por los secuestros de extranjeros. Recientemente, la Unión Europea congeló la entrega de visas a los jefes rebeldes. En Colombia, han visto minada su credibilidad porque mientras hablan de paz atacan pueblos y cometen plagios.
Para el Gobierno sus mayores logros han sido asentar la idea de una salida negociada al conflicto y ganar mayor reconocimiento internacional para la guerra. Sin embargo, el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana no ha podido convencer al establecimiento y el poder económico de la necesidad de las transformaciones institucionales que supone el proceso de paz.
En cuanto a la sociedad civil, su apoyo ha sido considerado como imprescindible para cualquier acuerdo de paz que pretenda tener éxito, aunque los colombianos han tenido que pagar con creces los costos de la guerra que libran rebeldes, los paramilitares y las fuerzas de seguridad.
En el conflicto se han registrado 3.000 secuestros anuales -más del 60% atribuidos a grupos armados-, asesinatos de 153 sindicalistas y 13 defensores de derechos humanos, cientos de masacres y alrededor de un millón de desplazados.
La única mejora concreta ha sido el acuerdo que posibilitó la liberación de más de 300 soldados y policías secuestrados por la guerrilla a cambio de 14 rebeldes presos en junio de 2001.
A pesar de este panorama, tanto analistas políticos como editoriales han coincidido en que si bien el proceso de paz presenta imperfecciones no parece haber una mejor alternativa para el conflicto que la salida negociada.
"Es importante que seamos activos en rechazar la guerra y proponer caminos de diálogo que permitan un país en paz", dijo la directora de la organización humanitaria Redepaz, Ana Teresa Bernal.
