BUENOS AIRES.- Los nueve miembros de la Corte Suprema de Argentina no renunciarán, pese a que una comisión legislativa encontró causas suficientes para someterlos a un juicio político, dijo el viernes el presidente del alto tribunal, Julio Nazareno.
El jueves, el Congreso argentino inició formalmente una investigación para llevar a cabo un juicio político a la Corte Suprema por prevaricato y mal desempeño de funciones, cargos que podrían provocar la destitución de los magistrados.
"Por el momento, no hay ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia que se plantee la posibilidad de renunciar", dijo el presidente de la Corte, Julio Nazareno a la BBC de Londres.
"La Corte no tiene intención de cuestionar al juicio político porque estima que este es el único remedio constitucional", señaló.
La investigación del Congreso se inició una semana después de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales unas restricciones bancarias que limitan la extracción de dinero de los bancos, poniendo en riesgo el plan económico del gobierno.
El congelamiento de depósitos fue impuesto en diciembre por el ex presidente Fernando de la Rúa y avalado por la Corte Suprema, en un intento por proteger al debilitado sistema financiero de una fuga de capitales.
La decisión provocó la ira popular que mediante violentas protestas obligó a renunciar a dos presidentes en un par de semanas y desató una serie de movilizaciones a la sede de la Corte para pedir la renuncia de sus integrantes.
Pero luego de que se constituyera una comisión de juicio político en el Congreso para revisar la actuación de la Corte, los jueces del alto tribunal cambiaron su postura inicial y declararon inconstitucional el congelamiento de depósitos, lo que desató un conflicto con el Poder Ejecutivo.
El presidente Eduardo Duhalde llegó a calificar de "chantajista" al tribunal, dando inicio a un nuevo frente de lucha en un país que sufre una aguda crisis económica y social.
Uno de los cuestionamientos a la Corte Suprema es el grado de politización que ha demostrado mediante polémicos fallos desde que fue reformada en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem.
El ex mandatario, actualmente enfrentado con Duhalde, aumentó de cinco a nueve el número de magistrados e incluyó a socios personales de cuando ejercía como abogado en la norteña provincia de La Rioja, de donde es oriundo.
La Corte avaló la privatización de varias empresas estatales, efectuadas por Menem y hasta otorgó la libertad al ex mandatario en noviembre del 2001, tras estar detenido más de cinco meses por supuestamente liderar una operación ilegal de ventas de armas a Ecuador y Croacia.
"El desprestigio de los jueces es un factor peligroso, porque el poder judicial es el último custodio de los derechos de los ciudadanos", dijo el vicepresidente de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor, al atribuir las denuncias a una campaña orquestada por "algunos medios y sectores políticos".
