LIMA.- El gobierno peruano rechazó el miércoles un pedido de nuevos juicios y mejor trato efectuado por líderes guerrilleros presos que se declararon en huelga de hambre hace dos días.
"No vamos a aceptar tal imposición, no vamos a aceptar el chantaje de terroristas", dijo el ministro de Justicia, Fernando Olivera, a la radio local CPN.
Entre tanto, un representante de una comisión que busca esclarecer las violaciones a los derechos humanos en este país, informó que su grupo espera reunirse en febrero con los jefes rebeldes presos, en un plan ya diseñado desde hace semanas.
Al ayuno de los seis jefes del maoísta Sendero Luminoso y del guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) se sumaron el martes cientos de rebeldes presos en cárceles de Lima y de otras regiones peruanas.
Pese a ser enemigos ideológicos, los cabecillas de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y del MRTA, Víctor Polay --capturados en 1992-- acordaron por primera vez una protesta conjunta con otros cuatro rebeldes condenados a cadena perpetua en la Base Naval de Lima, donde también está recluido el ex jefe de espías Vladimiro Montesinos.
"No vamos a permitir que haya alguna acción coordinada que pretenda desafiar la autoridad democrática", dijo el ministro Olivera.
El año pasado, guerrilleros de Sendero Luminoso realizaron una huelga de hambre que duró 14 días.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo informaron el martes que los rebeldes exigen nuevos procesos en el fuero civil, alegando que los jueces militares "sin rostro" -cubiertos con capuchas para evitar represalias- los juzgaron y sentenciaron rápidamente sin la presencia de sus abogados.
Plan de entrevistas
Rolando Ames, presidente interino de la Comisión de la Verdad -que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas desde hace dos décadas en Perú, dijo que espera que la huelga culmine "pronto" para que no afecte el trabajo de su grupo.
"Las coordinaciones han sido interrumpidas (..) en los planes tenemos previsto comenzar una ronda de entrevistas con los líderes de los grupos subversivos. La visita está programada para la próxima semana o la subsiguiente", afirmó a Reuters.
"Primero vamos hacerlo con los dirigentes (presos) de la Base Naval, empezaremos por allí probablemente", agregó.
Un rebelde del penal limeño de Canto Grande, que habló por teléfono con Reuters, dijo que unos 400 internos se sumaron a la huelga de hambre y piden el cierre de la Base Naval donde están recluidos los jefes guerrilleros.
La base está en el principal puerto peruano, El Callao, y tiene una cárcel cuyo perímetro está minado. En cada una de sus ocho celdas de dos por tres metros hay una cama de cemento y una pequeña claraboya por donde pasa la luz solar en lapsos regulados por los miembros de seguridad.
El penal fue diseñado por el propio Montesinos, foco de un escándalo de corrupción que derrumbó al ex presidente Alberto Fujimori, quien vive ahora refugiado en Japón.
La lucha antiguerrillera en Perú dejó, desde sus inicios en 1980, unos 30.000 muertos -entre civiles y militares- y más de 25.000 millones de dólares en pérdidas materiales.
