BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó hoy que se suspendan las órdenes libradas por los jueces para incautarse del dinero de los ahorradores encerrado en el llamado "corralito" financiero, informaron fuentes judiciales.
La comunicación de la Corte sigue a la promulgación de una ley aprobada el jueves por el Parlamento en la que se dispuso que ningún ahorrador podrá retirar su dinero si no cuenta con una "sentencia firme" de la justicia que lo autorice.
"Se suspenden las diligencias de secuestro de dinero con motivo de los llamados ’corralitos’ y se devuelven sin diligenciar a las Secretarías que las remitieron", señala la resolución del máximo tribunal argentino.
En diciembre pasado, el Gobierno, presidido entonces por Fernando de la Rúa, restringió la retirada de dinero en efectivo de los bancos, y en enero la administración de Eduardo Duhalde reprogramó los vencimientos de los certificados de depósito a plazo fijo, para que sólo se pudiera disponer de ellos a partir del año próximo.
Miles de ahorradores recurrieron a la justicia para recuperar el dinero y varios jueces dieron curso a esas peticiones, por lo que los bancos quedaban obligados a restituir los billetes antes de apelar esas resoluciones.
Unos 2.477 millones de pesos (825 millones de dólares) salieron del "corralito" gracias a amparos judiciales, lo que llevó al Banco Central a declarar hace una semana el cierre de las entidades financieras para evitar el colapso del sistema.
Cuando los bancos llevaban tres días sin abrir las puertas, el Parlamento aprobó el jueves una ley impulsada por el Gobierno por la que se impidió la retirada de depósitos sin sentencia firme, es decir, antes de que queden agotadas las instancias de apelación.
La Corte Suprema completó hoy el circuito al difundir la comunicación que "suspende" las incautaciones de dinero, algunas de las cuales se hicieron con el trabajo de cerrajeros que, con mandato judicial, abrieron las puertas de las cajas de los bancos para sacar el dinero.
Incluso, la gerente de un banco fue esposada y detenida ante el público porque se negó a dar el dinero a un ahorrador que contaba con una sentencia favorable emitida en primera instancia.
En algunos casos, los empleados de diferentes entidades crediticias se unieron para impedir la ejecución de este tipo de sentencias, con el argumento de que el sistema ponía en riesgo a sus fuentes de empleo.
El Gobierno de Duhalde estudia la posibilidad de que haya existido una "industria del juicio" que permitió a miles de ahorradores sacar dinero que estaba retenido en los bancos, según fuentes oficiales.
En esa supuesta red pueden estar involucrados determinados bufetes de abogados, que no fueron identificados, así como algunos jueces, según las fuentes.
