BUENOS AIRES.- La misión técnica del FMI aumentó las exigencias de reformas y planes para restituir el crédito a Argentina, en cuyo Gobierno crecen las discrepancias entre el ministerio de Economía y el Banco Central por el manejo de la política monetaria.
El gobierno argentino intentó minimizar el viernes las nuevas exigencias del organismo, pero la prensa y analistas advirtieron que la estrategia del Fondo Monetario Internacional (FMI) es incluso dilatar lo máximo posible las discusiones para forzar un anticipo de las elecciones, previstas para el 14 de septiembre de 2003, ante la debilidad del Presidente Eduardo Duhalde.
Mientras libra duras discusiones con el FMI, en paralelo hay una fuerte batalla entre el ministro de Economía, Roberto Lavagna y el titular del Banco Central (BCRA), Mario Blejer.
Blejer pide protección legal para los directores de la autoridad monetaria ante acciones legales por los socorros financieros permanentes que otorga la entidad a bancos en problemas.
Los tres anteriores titulares del BCRA, Roque Fernández, Pedro Pou y Roque Macarone, afrontan cargos judiciales por haber otorgado esas líneas de auxilio, según abogados de la entidad.
Blejer, quien sirvió en el FMI durante 21 años, anunció que una vez que se defina un plan financiero se retirará del BCRA, alegando "problemas personales".
Respecto de las presiones del FMI, el vocero presidencial, Eduardo Amadeo, dijo que "se acabaron" cuando se decidió enviar una misión que encabeza el inglés John Thornton, que llegó la víspera a Buenos Aires.
Amadeo sostuvo que "si bien es un importante funcionario del Fondo, Thornton es un técnico que está por debajo de Anoop Singh", el inflexible futuro director del departamento del Hemisferio Occidental, quien representa a la "línea dura" del instituto, liderada por la subdirectora, Anne Krueger.
La prensa local dijo que el indio Singh entregó un 'dossier' a Thornton en el que lo instruye para exigir a Argentina la instrumentación "concreta, inmediata y detallada" de los compromisos asumidos por las empobrecidas provincias para reducir sus déficit en 60%.
También pidió un plan para achicar el sistema financiero que implicaría una decisión política sobre el futuro de los estatales bancos Nación y Provincia de Buenos Aires, los dos más grandes del país.
El catálogo de exigencias abarca el veto a cuatro artículos de la norma que derogó la ley de Subversión Económica, también reclamada por el FMI, para aliviar las cargas penales a los empresarios y banqueros que sean enjuiciados por posibles delitos económicos.
Pero el gobierno estaría dispuesto a vetar sólo uno, el que introduce la figura de "negligencia" en procesos de quebrantos empresariales.
El gobierno había dado por cumplidos los requisitos previos de anular la ley de Subversión Económica, reformar la de Quiebras empresariales y la firma inicial de 15 de las 24 provincias para disminuir sus déficit.
La intransigencia del FMI choca no obstante con la fecha del 15 de julio, considerada límite para intentar llegar a un acuerdo que implique la recuperación de los desembolsos suspendidos por unos 9.500 millones de dólares.
Ese día, Argentina podría entrar en mora con los organismos multilaterales si no paga 1.073 millones de dólares por vencimientos de la deuda que no entró en default y suma 41.000 millones de dólares, entre institutos y gobiernos.
Argentina ya entró en cese de pagos en diciembre pasado con los acreedores privados por otros 100.000 millones de dólares.
El economista liberal Walter Molano, del estadounidense BCP, advirtió el viernes que "el FMI y Estados Unidos demoraron ayuda a Argentina forzando un cambio político y creyendo haberla aislado, pero encendieron la mecha y ya hay contagio en Brasil (la mayor economía latinoamericana), donde no alcanzará la ayuda anunciada" el jueves por 10.000 millones de dólares.
