LIMA.- Una delegación de ministros peruanos y los alcaldes de la ciudad de Arequipa llegaron hoy a un acuerdo sobre el controvertido tema de las privatizaciones que generó una ola de protestas en el sur del Perú.
Al cabo de 24 horas de deliberaciones, los integrantes de la Comisión de Alto Nivel, los burgomaestres y el Frente Amplio de Arequipa acordaron levantar el estado de emergencia en el sureño departamento el próximo viernes y suspender el proceso de privatización de las empresas Egasa y Egesur a la compañía belga Tractebel por 167 millones de dólares.
El gobierno de Alejandro Toledo había decretado el estado de emergencia el pasado domingo por los violentos desmanes y millonarios destrozos que provocaron en Arequipa cientos de revoltosos y manifestantes, con el saldo de un muerto y más de cien heridos.
A través de una misiva, leída hoy por el vicepresidente Raúl Diez Canseco, Toledo admitió que "no todos los compromisos electorales han podido cumplirse en estos 10 meses en el gobierno, a pesar de nuestro deseo".
El Mandatario había prometido durante su campaña que no privatizaría las dos empresas energéticas que provocaron los desórdenes en Arequipa, pero argumentó hoy en su carta que la grave situación económica en que encontró el Estado hicieron que cambie de parecer.
"Jamás imaginé encontrar el gobierno en escombros" ni tener que asumir "los millonarios costos de recuperación tras el terremoto del año pasado en Arequipa y Moquegua", apuntó Toledo.
Esta tarde (local) se suscribió la "Declaración de Arequipa" que acordó un público desagravio del gobierno por las declaraciones, consideradas ofensivas por los arequipeños, de los ministros de Justicia, Fernando Olivera, y del Interior, Fernando Rospigliosi.
Ambos ministros cuestionaron la pertinencia y legalidad de las protestas en Arequipa por la privatización de dos empresas de generación eléctrica, y Rospigliosi llegó a llamar "tontos útiles" a los alcaldes que se plegaron a una huelga de hambre.
A pedido del burgomaestre provincial, Juan Manuel Guillén, y una decena de colegas, los representantes del gobierno tendrán que ofrecer su desagravio en un medio de comunicación señalado por las autoridades municipales.
Asimismo, se acordó que la privatización de las empresas Egasa y Egesur a la compañía belga Tractebel por 167 millones de dólares se mantenga en suspenso hasta que se conozca el fallo definitivo del Poder Judicial, pues Guillén ha objetado la venta en los tribunales.
Quedó registrado en la declaración el sentimiento adverso que el pueblo de Arequipa tiene contra el proceso de privatizaciones. Igualmente, hubo una declaración unilateral de los alcaldes y las organizaciones sociales de Arequipa que insisten en la convocatoria a una consulta popular para decidir el futuro de las empresas vendidas.
El tercer punto de la declaración pidió el inmediato restablecimiento del orden público para que el departamento regrese a su vida normal y, en ese sentido, anunció que el estado de emergencia quedará sin efecto en 48 horas.
El último punto del documento hizo un llamado a los grupos de manifestantes para que cesen los actos de violencia que obstruyen la paz y la estabilidad democrática en la nación andina.
La Comisión de Alto Nivel fue creada el domingo último a iniciativa del arzobispo emérito de Arequipa, Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, con la participación de otros dos arequipeños ilustres, el ex defensor del Pueblo Jorge Santistevan y el reverendo Gastón Garatea.
La completaron el vicepresidente y ministro de Industrias Raúl Diez Canseco, el canciller Diego García Sayán y los ministros de Defensa, Aurelio Loret de Mola, de Salud, Fernando Carbone, y de Educación, Nicolás Lynch.
Tras anunciar el acuerdo entre las partes, Guillén se mostró complacido con la actitud de los ministros y afirmó que nadie perdió porque el ganador fue el país en su conjunto.
Sin embargo, para los analistas políticos locales quedó en claro que el gobierno de Toledo tuvo que admitir su mala estrategia de comunicación sobre un tema tan sensible como las privatizaciones, a pesar de haberlas "humanizado" en sus discursos con referencias a que no habría despidos ni alzas desmesuradas de tarifas.
Asimismo, se hace referencia a la mala costumbre del Mandatario de ir contracorriente a la larga lista de las promesas que hizo durante su campaña electoral, que habría llevado a un rápido deterioro de su popularidad en menos de un año en Palacio de Gobierno.
