LA HAYA.- Los crímenes de guerra, contra la Humanidad y los actos de genocidio cometidos a partir de hoy, lunes, podrán serán perseguidos, a nivel mundial, con la entrada en vigor del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Aunque su andadura oficial se produce hoy, dos meses después de conseguir el mínimo necesario de 60 ratificaciones de su estatuto, esta nueva Corte no será realmente operativa hasta finales de 2003 o comienzos del 2004, cuando todos su miembros sean designados y se concreten ciertos detalles sobre su funcionamiento.
Sin embargo, el TPI abrió hoy efectivamente sus puertas en La Haya, aunque sin ninguna ceremonia de inauguración, "que se celebrará más adelante", indicaron a EFE fuentes del tribunal.
Asimismo, señalaron que un pequeño grupo de personas comenzó a trabajar, en un edificio cedido por el Gobierno holandés, ubicado a las afueras de La Haya.
La nueva Corte será el primer tribunal permanente que investigará y juzgará a individuos, no Estados, acusados de violaciones graves del derecho internacional humanitario y las normas de los Derechos Humanos, principalmente los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
El TPI no tiene carácter retroactivo, por lo que sólo podrá juzgar aquellos crímenes cometidos a partir de la entrada en vigor de sus estatuto, es decir, desde hoy.
El nuevo tribunal ejercerá sus competencias cuando el Estado en el que se haya cometido el crimen sea parte del Estatuto o si el acusado pertenece a uno de esos países, aunque una nación que no sea parte siempre puede someter al TPI un caso concreto.
Además será complementario a los sistemas de Justicia nacionales y actuará sólo cuando los Estados sean incapaces o no tengan la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes.
Esta Corte ha sido creada en un intento de acabar con la impunidad y podrá juzgar a jefes o antiguos jefes de Estado, Gobierno, representantes parlamentarios o jefes militares, los cuales no podrán esgrimir su cargo oficial para reducir su pena.
El TPI no aplicará la pena de muerte y la pena máxima será de cadena perpetua cuando la gravedad del crimen así lo justifique, pero además de la reclusión podrá imponer multas y el decomiso de los bienes o haberes procedentes del crimen juzgado.
La nueva Corte estará formada por 18 magistrados, propuestos por los países que hayan ratificado el estatuto, elegidos por un mandato de nueve años y un equipo de fiscales e investigadores.
Hasta el momento, 73 países han ratificado el Estatuto del tribunal, que fue aprobado en la Conferencia de Plenipotenciarios de Roma, celebrada en 1998, con el voto a favor de 136 países, la abstención de 21 y el voto en contra de siete, entre ellos de Estados Unidos.
Sin embargo, el Tribunal comienza su andadura con graves sombras sobre su eficacia no sólo por el rechazo estadounidense, sino por la falta de apoyo por parte de países como China, India, Pakistán o Irak, mientras que Rusia firmó su estatuto pero no lo ha ratificado.
Además, Estados Unidos ha pedido inmunidad explícita para sus cascos azules ante el TPI, propuesta que lleva implícita la amenaza de retirar a sus hombres de las operaciones de paz de la ONU y cortar los fondos para estas misiones.
La creación de una Corte de estas características formó parte de la agenda de la ONU desde 1948, pero no fue hasta las masacres de Ruanda y la ex Yugoslavia cuando se aceleró su proceso de su creación.
La idea de un tribunal internacional tiene sus raíces en 1872, cuando Gustav Moynier, uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, propuso una corte permanente en respuesta a los crímenes de la guerra franco-prusiana, aunque nunca se creó.
En el siglo pasado, esta idea volvió a formularse tras la I Guerra Mundial, con el tratado de Versalles, pero no llegó a materializarse, y después de la segunda contienda, los aliados establecieron los tribunales de Nüremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de las potencias del Eje.
