LA PAZ.- El Comité Cívico del sureño departamento (provincia) boliviano de Tarija anunció este viernes una marcha de protesta y un paro regional la semana próxima para presionar a que el gobierno de La Paz asegure la exportación de gas natural a mercados ultramarinos por un puerto de Chile.
La marcha de protesta fue anunciada para el miércoles y, de no rendir frutos, el paro regional se realizará dos días más tarde.
El comité demandó información al gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sobre "si Bolivia perdió o no la exclusividad para negociar la venta de gas" a Estados Unidos y México.
La demanda del comité se realizó dos días después de que el transportador británico-español Pacific LNG reveló la extinción de la cláusula de exclusividad de compra del gas boliviano.
Las protestas apuntan a presionar al gobierno boliviano para que en el plazo inmediato elija un puerto de Chile, en desmedro de otro de Perú, para embarcar las reservas de gas de Tarija a Estados Unidos y México, afirmó Roberto Ruiz, presidente del comité cívico de Tarija.
En caso de que sus requerimientos no sean atendidos, el Comité advirtió con un paro "movilizado" de 48 horas desde el 28 de agosto y también, in extremis, con la realización de un cabildo abierto que planteará la separación regional, política y territorial, de Bolivia.
Emplazado sobre 37.623 km2 (3,2% de la extensión territorial boliviana), el departamento Tarija, en cuya jurisdicción se descubrieron ricos yacimientos de gas natural, tiene una población de unos 500.000 habitantes, poco menos del 3% del global nacional de 8,3 millones.
En medios de recurrentes amenazas de desmembración de la nación, Tarija se declaró en estado de emergencia tras la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de plantear un plazo de 90 días hasta el 6 de noviembre para elegir de entre los puertos de Patillos y Mejillones, en Chile, o Ilo, en Perú.
Resueltamente inclinado a favor de Chile, pese a una retahila de manifestaciones populares en otros puntos del país contrarias a esa opción, Ruiz aclaró que "los pueblos de Bolivia y Chile no tienen nada pendiente", en alusión al secular reclamo boliviano de una salida soberana al Pacífico, perdida en una guerra que en 1879 enfrentó a ambos países.
Bolivia "nos parece un chaleco de fuerza que nos impide desarrollarnos y crecer", protestó Ruiz.
Mientras perfila "una política nacional de gas", la administración Sánchez de Lozada insistió en solicitar un plazo de 90 días para adoptar una serie de decisiones que corresponden al proyecto que moverá una inversión privada de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares, 2.500 de los cuales se quedarán en el puerto de elección.
Ocho meses después de que el ex presidente conservador Jorge Quiroga firmara un contrato con la estadounidense Sempra Energy, que comprará el gas boliviano y lo comercializará en California, el Gobierno afirmó que no se someterá a ningún tipo de presiones, en alusión a las declaraciones del vocero Michael Clark, quien dijo que si "Bolivia o cualquier país quiere participar como proveedor de gas tiene que moverse lo más pronto posible".
