MADRID.- El ministro español de Justicia, José María Michavila, aseguró hoy, miércoles, que de los informes elaborados por los servicios jurídicos del Estado se desprende un total de 21 argumentos de hecho y de derecho para ilegalizar a Batasuna, el brazo político de ETA.
Existen "sobrados argumentos de hecho y de derecho para impulsar la ilegalización de Batasuna, HB (Herri Batasuna) y EH (Euskal Herritarrok)", explicó el ministro de Justicia durante una conferencia de prensa, en que subrayó que ese informe, "señala, en concreto, 21 hechos" en favor de dejar fuera de la ley a ese grupo.
El juez español Baltasar Garzón inició el martes los trámites para suspender las actividades de Batasuna por considerar que hay indicios de la "aparente integración" de esa formación política independentista "en el complejo terrorista integrado por ETA".
En paralelo, y en una decisión diferente a la vía penal adoptada por Garzón, los partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados de España, Partido Popular (PP, en el gobierno) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en la oposición), solicitaron la ilegalización de Batasuna el pasado lunes.
Esa petición será votada el 26 de agosto en el Congreso de los Diputados, según acordaron los grupos parlamentarios en cumplimiento de la nueva Ley de Partidos Políticos.
Michavila subrayó hoy que hay "reiterados hechos (de Batasuna) de no condenas, de apoyo a terroristas confesos o encarcelados, de proclamas en contra del estado de derecho y también a favor de terroristas encarcelados a los que llaman presos políticos".
El ministro explicó también los trabajos realizados por su departamento para impulsar el proceso de aplicación de la nueva Ley de Partidos, vigente desde hace mes y medio, para solicitar al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna.
También indicó que el Gobierno que preside José María Aznar ha remitido hoy a todos los grupos parlamentarios el informe de la Abogacía del Estado sobre los argumentos de hecho y de derecho existentes para que Batasuna quede fuera de la ley.
Agregó también que "no es normal en una democracia que se usen los privilegios de los partidos políticos para amenazar la democracia... ni que se utilicen las sedes de los partidos como depósito de armas".
Respecto a la decisión adoptada por Garzón, el responsable de la Justicia española indicó que "ese auto ayuda a luchar contra el terrorismo por la vía penal".
Michavila subrayó que la vía penal, adoptada por el juez Garzón para deslegalizar a Batasuna, y la constitucional, decidida por los grupos parlamentarios, "son dos vías claramente distintas, pero también muy complementarias".
Agregó que "si (Batasuna) desde el 29 de junio (en que la Ley de Partidos Políticos entró en vigor) no hubiera mostrado apoyo, connivencia y complicidad con ETA, la ley no se le habría aplicado".
Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo hoy en Pontevedra (noroeste) que la decisión del juez Garzón es una iniciativa judicial "muy congruente" con su actuación en relación "con el complejo de ETA".
Garzón investiga desde hace cuatro años el entramado de organizaciones políticas que apoyan y justifican las acciones de la banda terrorista ETA, que ha asesinado a más de 800 personas desde 1968.
