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Alianza cívico-militar sería clave para sacar a Pdte. Chávez del poder

El presidente de la poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, rechazó este miércoles una salida inconstitucional, como un golpe de Estado, a la crisis por la que atraviesa el país bajo el Gobierno de Hugo Chávez, y dijo que será necesario un pacto cívico-militar para lograr la renuncia del Mandatario.

04 de Septiembre de 2002 | 17:38 | Reuters
CARACAS.- El líder de la principal central obrera de Venezuela, Carlos Ortega, afirmó este miércoles que la oposición civil requerirá de una alianza con los militares para sacar del poder por medios constitucionales al Presidente Hugo Chávez.

El presidente de la poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), precisó que no apoyaría un golpe militar como el que derrocó brevemente a Chávez entre el 12 y 14 de abril, pero favoreció una salida "cívico-militar".

"Se necesita todo, los militares, gente afecta al gobierno, el sector económico, la Iglesia, todo", dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros. Agregó que los militares constituyen "un factor importante" en Venezuela, quinto exportador mundial de petróleo.

Ortega, acusado por el oficialismo de estar conspirando contra el gobierno, afirmó que "yo no acepto un gobierno militar", cuando se le preguntó si colaboraría con un gobierno castrense que suplante al de Chávez.

La crisis política, económica y militar que sacude a Venezuela se profundizó después que oficiales de alto rango encabezaron en abril un golpe contra Chávez, quien 48 horas después fue restituido en la presidencia por tropas leales.

La oposición ha estado explorando varias vías legales para remover a Chávez del cargo, que ocupa desde hace tres años y medio, incluyendo un referendo para adelantar las elecciones, el acortamiento de su mandato que culmina en el 2007, y demandas por presunta corrupción y crímenes contra la humanidad.

La pronta salida de Chávez a través de un golpe militar, también suele ser debatida abiertamente en la calle o en los medios de comunicación, la mayoría de los cuales son controlados por la oposición.

"Un golpe de Estado puro (...) no va a encontrar apoyo ni eco en toda la población venezolana ni en la comunidad internacional", dijo Ortega, cuya central obrera podría convocar este mes a una huelga para presionar al gobierno, al que acusa de llevar al país hacia una "explosión social".

Consultado sobre la posibilidad de esperar hasta agosto del 2003, cuando podría realizarse un referendo revocatorio para Chávez, el líder sindical dijo que "no sé si usted está en capacidad de esperar, nosotros no. El país no espera más".

La solución es que Chávez se vaya

El líder sindical explicó que la oposición podría acoger un artículo de la Constitución que establece que el pueblo "desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".

"La salida de esta crisis pasa por la salida de Chávez. Chávez fracasó", dijo Ortega, que en abril llamó a un paro general, que fue respaldado por el empresariado, y que propició una gigantesca marcha que pedía la dimisión del gobernante, la cual terminó con 17 muertos, decenas de heridos de balas y el derrocamiento de Chávez.

La CTV acusa al gobierno de obstaculizar las negociaciones de las convenciones colectivas que han vencido y están por vencerse este año y de ser responsables del deterioro del salario y de la calidad de vida de los trabajadores.

Para cubrir parte de sus gastos en el 2002, el gobierno de Venezuela incrementó este mes varios tributos, suspendió exenciones para algunos bienes y servicios, y eliminó la gasolina más barata.

"Estas medidas económicas pueden ser un detonante a la explosión" social, dijo Ortega.

Al descontento que sacude a los venezolanos se agregó la purga que ha hecho Chávez entre militares de alto rango sospechosos de haber participado en el golpe de abril.

El miércoles, un pequeño grupo de opositores protestó en las afueras de las instalaciones militares de Fuerte Tiuna, donde funciona el Ministerio de la Defensa en Caracas, contra lo que dicen son órdenes directas de Chávez de abrir investigaciones a más de 200 oficiales, en un proceso que concluiría con su expulsión.

El coronel retirado de la Aviación Silvino Bustillos, quien se sumó a los manifestantes, dijo a Reuters que "les van a dar de baja (de la Fuerza Armada), la orden la dio Chávez". Advirtió que antes del 15 de septiembre los militares sospechosos serán expulsados de los cuarteles.
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