BOGOTA,- El gobierno de Colombia dictó hoy martes nuevas medidas, que incluyen detenciones sin orden judicial y la creación de zonas bajo autoridad militar, reforzando así su controvertido "plan de seguridad democrática" para combatir a los grupos armados ilegales.
Las autoridades quedaron facultadas para hacer detenciones y registros de domicilios, naves y aeronaves sin orden judicial, y para disponer, previa autorización de los tribunales, la interceptación y grabación de comunicaciones "para obtener pruebas judiciales o prevenir la comisión de delitos", según el decreto 2002.
Asimismo, el Gobierno ordenó la creación de las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación, que quedarán bajo el mando de una autoridad militar, quien reglamentará los derechos de movilización y residencia de los civiles mediante medidas como el toque de queda y permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia.
Según el decreto, los ciudadanos extranjeros que deseen ir a estas zonas de rehabilitación deberán pedir permisos para visitarlas o permanecer en ellas, y si incumplen esa disposición podrían ser expulsados del país.
Estas medidas son las primeras de orden público dictadas en el marco de la conmoción interior que Uribe decretó el pasado 12 de agosto, a cinco días de asumir el poder y en medio de un estado de violencia creciente por la acción de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al día siguiente de su investidura, Uribe lanzó su programa para crear una red de un millón de informantes civiles del Ejército y luego anunció el reclutamiento de 15.000 soldados campesinos y el pago de millonarias recompensas para quienes delaten el escondite o las actividades de los grupos ilegales.
Precisamente Uribe presentará su "plan de seguridad democrática" hoy viernes ante la Asamblea General de la ONU, en medio de crecientes advertencias de los organismos de derechos humanos sobre un posible recrudecimiento de la guerra y un mayor involucramiento de los civiles en el conflicto.
Este martes, el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, dijo estar en desacuerdo con la conformación de las redes de informantes porque "coloca a la gente en una vulnerabilidad extrema".
La ONU y diversas entidades humanitarias han rechazado como peligrosa la creación de esa red de informantes, por considerar que aumentará el paramilitarismo en el país.
En un informe que detalla el historial en derechos humanos de Colombia, Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y el Washington Office on Latin America denunciaron este martes que la Casa Blanca decidió liberar ayuda militar a Colombia pese a que este país ha fracasado en cumplir con las condiciones de derechos humanos establecidas por la ley estadounidense para ello.
"Los problemas fundamentales siguen siendo los mismos: no hay progreso serio hacia la suspensión de oficiales implicados en abusos, hacia investigaciones judiciales efectivas de abusos o hacia romper los lazos persistentes entre el Ejército y los grupos paramilitares", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, advirtió recientemente a Uribe en una carta que las medidas decretadas en medio del estado excepción -que rige por 90 días-, podrían ser incompatibles con el derecho internacional humanitario.
Como parte de esas medidas, Uribe también creó un impuesto que grava los patrimonio mayores a 60.000 dólares, a fin de financiar a las fuerzas militares en el combate a los grupos irregulares.
En los últimas días, las Fuerzas Militares lanzaron una ofensiva en todo el país que sólo la semana pasada dejó más de 150 guerrilleros muertos.
Asimismo, las fuerzas de seguridad decomisaron en el sur de Bogotá un vasto arsenal de dinamita y morteros de granada atribuido a las FARC, y se investiga si estaba destinado a atentar contra objetivos estatales y privados o la embajada de Estados Unidos.
