CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó el jueves el restablecimiento temporal de las actividades de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), prácticamente detenidas por un paro de tres semanas contra el Presidente Hugo Chávez.
En una medida cautelar, la Sala Constitucional del TSJ emitió "la orden a todas las autoridades y particulares vinculados con el restablecimiento de la actividad económica e industrial de la referida sociedad mercantil" (PDVSA), dijo el texto de la decisión enviada a la prensa.
La decisión agregó que el desconocimiento de la orden supondrá "un desacato a la autoridad" en el quinto exportador mundial de crudos. El desacato podría conllevar una pena de prisión hasta por 18 meses, dijo un experto legal.
Un portavoz del TSJ dijo a Reuters que "la resolución está diciendo a esta gente que acaten las leyes y órdenes del gobierno destinadas a conseguir el reinicio de las operaciones de PDVSA".
El experto constitucionalista y diputado opositor Gerardo Blyde dijo que la decisión es inapelable, aunque está sujeta a una audiencia legal cuya fecha aún no está decidida.
La Sala Constitucional entrará el viernes en receso por las festividades navideñas y no se reincorporará hasta enero, lo cual podría demorar una decisión final a favor o en contra de la paralización.
El paro contra Chávez, que exige su renuncia y la convocatoria a elecciones anticipadas, ha detenido la mayor parte de las exportaciones y producción de crudo y de productos derivados de PDVSA, el corazón económico del país, y ha sido calificado de "sabotaje" por el gobierno.
Los trabajadores de PDVSA que se han sumado a la protesta, convocada por sindicatos, partidos políticos y líderes empresariales, han dicho que no volverán al trabajo hasta que Chávez no ceda a las demandas de sus adversarios políticos.
"Reanudación de faena"
La acción legal fue solicitada por un gerente de PDVSA contra la asociación de empleados opositores de la petrolera, conocida como "Gente de Petróleo", que ha comandado la huelga petrolera, algunos de cuyos líderes fueron recientemente despedidos por el mandatario.
El gerente también solicitó una medida de "amparo constitucional" contra "Gente de Petróleo", sobre la cual el TSJ aún no se ha pronunciado.
El "paro cívico nacional", que se inició el 2 de diciembre, ha causado una seria escasez en el suministro de gasolina en el país y ha reducido drásticamente las exportaciones de petróleo de Venezuela, que antes del paro suplía más del 13 por ciento de las necesidades de importación diarias de hidrocarburos de Estados Unidos.
El diputado Tarek William Saab, del partido de gobierno Movimiento Quinta República (MVR), dijo a Reuters TV que la decisión "es una reanudación de faena (...), por lo tanto el sabotaje petrolero y el paro que ellos han llevado como tal se declara ilegal".
Por su parte Blyde, del partido opositor Primero Justicia, afirmó que con la medida, que obliga a obedecer una serie de decretos lanzados recientemente por el gobierno y que permiten el uso de la fuerza militar y la confiscación de bienes privados para reiniciar a PDVSA, "se está legalizando un autogolpe de Estado".
"Nadie puede ser obligado a trabajar si no quiere, eso es simplemente esclavizar al ser humano y eso viola los derechos humanos", añadió Blyde a una televisora local.
