GINEBRA.- La presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias reclamó hoy a Estados Unidos, que dirige la Autoridad Provisional de la Coalición (APC) en Irak, que esclarezca la situación legal de cada uno de los detenidos en ese país.
En un comunicado difundido en Ginebra, la jurista argelina Leila Zerrougui sostiene que la revelación de actos de tortura contra prisioneros iraquíes por parte de oficiales de las fuerzas de la Coalición aumenta la incertidumbre sobre el estatus jurídico de esos detenidos.
En ese sentido, insta a la APC a actuar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Zerrougui señala que de la información que ha recibido su equipo se desprende que "la mayoría de personas detenidas en Irak han sido arrestada durante manifestaciones públicas, en puestos de control y en incursiones a viviendas", es decir, sin que necesariamente pesen acusaciones específicas sobre ellas.
La jurista, quien preside desde 2001 un grupo de expertos que investigan casos de detenciones arbitrarias en nombre de las Naciones Unidas, indica que los arrestados son luego considerados como "detenidos de seguridad" o "sospechosos de actividades contra la Coalición".
A esto se suma que una vez en prisión, los prisioneros "no tienen acceso a una corte donde puedan cuestionar la legitimidad de su arresto, como lo establecen las normas internacionales".
Finalmente, Zerrougui insta tanto a la APC como al Consejo de Gobierno iraquí y a todos los países con fuerzas militares en Irak a "respetar los principios y normas de los derechos humanos en el caso de personas que en principio deben ser consideradas como "prisioneros de guerra".
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha registrado desde hace más de un año alrededor de 11.000 detenidos en Irak y cada caso es analizado de manera particular según las circunstancias del arresto.
Según portavoces de la organización humanitaria, parte de esos detenidos son combatientes y, por lo tanto, deben recibir el trato establecido para prisioneros de guerra y beneficiarse de las garantías establecidas en la III Convención de Ginebra.
Por su parte, los civiles internados para ser interrogados o por cualquier otro motivo están protegidos por la IV Convención de Ginebra.
