LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, formalizó hoy ante el Congreso su propuesta de anticipar para el próximo 28 de agosto los comicios generales, tras enviar un polémico proyecto de ley calificado de "inconstitucional" por varios sectores.
El ministro de la Presidencia, José Galindo, presentó el documento ante el Legislativo, que deberá definir en los próximos días si acepta o rechaza el pedido del mandatario.
"Quiero poner a consideración del Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales, para presidente, vicepresidente, diputados, senadores y constituyentes", anunció Mesa, en un mensaje difundido por la radio y televisión la noche del martes.
Al justificar su decisión, indicó que intenta "buscar una salida que evite la violencia, que evite la destrucción, que evite este suicidio colectivo inaceptable".
En una lacónica declaración a la prensa, Galindo señaló este miércoles que "el gobierno ha dado su última palabra".
La iniciativa -que Mesa decribió como una "ley interpretativa para lograr una salida constitucional a este momento tan difícil"- se basa en el artículo 93 de la Constitución, el cual establece el mecanismo de sucesión presidencial en caso de muerte o renuncia.
Dicha propuesta ha sido calificada de "inconstitucional" por diversos sectores, entre ellos el líder cocalero Evo Morales, quien aseguró que se trata de un "nuevo chantaje del gobierno para oponerse a la aprobación de una Ley de Hidrocarburos".
Expertos apoyan la percepción de Morales, aunque recuerdan que en la década de los 80 se registró una situación similar, cuando el entonces presidente Hernán Siles Zuazo pidió el acortamiento de su mandato y la convocatoria a elecciones.
"Siles Zuazo llegó a un acuerdo con los partidos políticos y aprobaron el acortamiento del mandato y la medida fue completamente institucional, pero como no había un Tribunal Constitucional, nadie demandó la inconstitucionalidad", explicó el catedrático Héctor Arce, quien aseguró que en este caso "no existe la figura de jurisprudencia".
Fuera del ordenamiento jurídico
En igual sentido se pronunció Carlos Sandy, jefe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, quien advirtió que "esa figura no está en nuestro ordenamiento jurídico".
"Dentro de un acuerdo político todo se puede, como lo han hecho en 1984. Creo que deberíamos empezar a trabajar en ese sentido y darle una solución integral, pues la figura constitucional no la tenemos porque no es un caso ni de muerte ni de renuncia", agregó.
El Parlamento deberá pronunciarse en torno al pedido de Mesa, quien asumió el poder en octubre de 2003, tras la renuncia de su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, enfrentado en ese entonces una revuelta popular que dejó al menos 56 muertos.
