BOGOTÁ.- El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, afirmó hoy que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "habrían asesinado vilmente" a 11 de los 12 ex diputados que mantiene secuestrados hace más de cinco años y negó que tropas oficiales hayan entrado en combates con guerrilleros, como lo afirmó la organización rebelde.
"Los diputados habrían sido asesinado por las FARC vilmente, la fuerza pública no estaba en operaciones de rescate porque no había sitio de ubicación" del lugar en el que estaban cautivos, afirmó el Mandatario en una declaración.
Esta mañana, las FARC informaron en un comunicado que las muertes ocurrieron el 18 de junio "cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban" y el único que "sobrevive (es) el diputado Sigifredo López quien no estaba en ese instante junto a los demás retenidos".
Un comunicado rebelde divulgado inicialmente por un sitio en Internet afín a las FARC, no precisó el lugar de los supuestos enfrentamientos, pero mencionó que "en el área de los acontecimientos se desarrollan desde hace varias semanas amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares, lo que ha generado innumerables combates y creciente presencia de fuerzas oficiales".
Los medios recibieron copias del comunicado más tarde, pero provenientes de un correo electrónico que no es el que usualmente usan las FARC para distribuir sus reportes, aparentemente porque "agencias de espionaje intentan bloquear nuestros servidores de Internet", según se explicó.
Con el reconocimiento de Uribe parece confirmarse el reporte de la guerrilla, aunque el Mandatario expuso que "el gobierno no ha recibido informe alguno de ciudadanos o de fuente diferente sobre un posible combate en el que hubieran muerto 11 diputados. La gravedad del hecho habría impedido que pasara desapercibido durante 10 días".
"Las FARC practican el asesinato de los secuestrados y la mentira de atribuir el hecho a un combate con la fuerza pública (...) la muerte de los secuestrados, sin bajas guerrilleras, sin soldados asesinados ni heridos, muestra que no hubo fuego cruzado", añadió Uribe.
Tres días antes, la Armada informó que mató en un choque al guerrillero Milton Sierra, conocido como JJ, a quien en su momento se atribuyó el operativo del secuestro de estos legisladores departamentales en abril de 2002.
El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Carlos Corlazzoli, declaró que "aquí hay muy graves responsabilidades políticas y morales por parte de aquellas que raptan a las personas".
El general Freddy Padilla, Comandante General de las Fuerzas Armadas, expresó antes que la "inteligencia militar no ha tenido conocimiento alguno sobre la exacta ubicación del lugar de cautiverio de los señores diputados del Valle (del Cauca) secuestrados por las FARC, por lo tanto, no se ha ordenado adelantar operaciones militares de rescate".
La esposa del ex diputado Juan Carlos Narváez, Fabiola Perdomo, expresó que "siempre imaginábamos un encuentro distinto, la comida que íbamos a tener, cómo iba a arreglar a mi hija... (ahora) el libreto se ha quedado en blanco".
El 27 de abril pasado, las FARC enviaron a las familias de los secuestrados un video que fue proyectado en la Asamblea en la que trabajaban, con mensajes de las víctimas que pedían al gobierno negociar con la guerrilla para que ellos recuperaran su libertad.
Un comando de guerrilleros disfrazados de militares incursionó en abril de 2002 en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca en Cali, simulando la evacuación del edificio por una amenaza de bomba y así se llevaron a los 12 legisladores.
Perdomo dijo en una conversación telefónica, quebrada por el llanto, que le pidieron a Álvaro Leyva, un promotor del acuerdo humanitario con las FARC autorizado por el gobierno, "que haga gestiones a ver si nos verifica" el contenido del reporte o para recuperar los cuerpos.
Las FARC ofrecieron que harán "lo que esté a nuestro alcance para que puedan recoger los despojos mortales lo más pronto posible".
El gobernador del Valle, Angelino Garzón declaró que de confirmarse los decesos, las FARC deben "evitar que la entrega de los cadáveres se vuelva en otra tragedia para los familiares".
Las FARC tienen cautivas a casi 60 personalidades, entre ella la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, su compañera de fórmula Clara Rojas -que en los cinco años que llevan secuestradas procreó un hijo con un guerrillero-, y otros políticos y uniformados, cuya liberación condicionan a un "canje humanitario" que implica la excarcelación de centenares de rebeldes de parte del gobierno.
Uribe rechaza despejar de militares dos municipios en el suroeste del país, como plantean la guerrilla izquierdista para crear una zona de negociaciones, y en repetidas ocasiones ha ordenado a las Fuerzas Armadas procurar el rescate a los rehenes.
En mayo de 2003, en un intento de liberar por vía militar a varios secuestrados, las FARC ejecutaron a un ex ministro de Defensa, un ex gobernador y otros ocho rehenes.
