BOGOTÁ.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguró que no existen acercamientos con el gobierno para buscar la liberación del ex congresista Óscar Tulio Lizcano, como recientemente lo manifestó el Ejecutivo, en un comunicado difundido hoy por la agencia Anncol.
La nota emitida por el "Bloque Iván Ríos" manifiesta que "lo único que hay en marcha es un operativo del Ejército que busca por todos los medios un desenlace fatal de la situación del prisionero".
"Las consecuencias que generen este tipo de conductas serán responsabilidad del gobierno colombiano", precisa un aparte de la nota fechada por los insurgentes el 17 de octubre y difundida este lunes por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), que emite información de la guerrilla.
A lo largo de la nota los rebeldes no hacen referencia al estado de salud del político, secuestrado desde hace más de ocho años, y quien según el comisionado gubernamental para la paz, Luis Carlos Restrepo, se encuentra en una delicada situación.
Por el contrario cuestionan y califican de "hipócritas" las recientes declaraciones de Restrepo y el Ejecutivo sobre las condiciones de Lizcano y los supuestos acercamientos que dijo tener con la guerrilla para buscar su liberación.
"Luego de la fuga de Ingrid Betancourt y de los tres estadounidenses, al gobierno de (Álvaro) Uribe no le importa la suerte final de ningún prisionero", concluye.
Lizcano, ex representante a la Cámara por el oficialista Partido Conservador, fue secuestrado el 5 de agosto de 2000 por las FARC en el departamento de Caldas, a 300 kilómetros al oeste de Bogotá.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el gobierno tuvo conocimiento del estado de salud de Lizcano gracias a una interceptación telefónica que logró hacer a rebeldes.
La última prueba de vida del político se conoció en abril pasado en un video entregado por la guerrilla a la senadora de oposición Piedad Córdoba.
En la cinta, el ex congresista pidió al Presidente Uribe reconsiderar su postura de no acceder a un despeje militar en dos municipios del suroeste colombiano, como lo exige la guerrilla, para negociar un canje humanitario.
El político forma parte del grupo de rehenes que las FARC pretenden intercambiar por cerca de 500 insurgentes presos.
