Controversia en Bolivia por informe de Unasur sobre matanza campesina en Pando

"Estamos a la expectativa de conocer la posición de la comunidad internacional, seguramente el documento aportará a la investigación", sostuvo el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.

LA PAZ.- El Gobierno boliviano ponderó este martes la investigación de una comisión de Unasur sobre una matanza de campesinos, cuyas conclusiones fueron entregadas en Santiago a la Presidenta Michelle  Bachelet, mientras la oposición de derecha puso en duda su imparcialidad.


"Estamos a la expectativa de conocer la posición de la comunidad internacional, seguramente el documento (de la comisión) aportará a la investigación" que realiza el ministerio público, dijo el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.


Para el funcionario, será importante conocer el documento entregado este martes en Santiago por el abogado argentino Rodolfo Mattarollo a la Mandataria -quien ejerce a la vez la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas-, quien aún no reveló el contenido.


Por su parte, el senador de la agrupación de derecha Podemos, Roger Pinto, aseguró que el informe de Unasur "ha castrado la verdad", porque la indagación puso mucho énfasis en conocer la versión de los campesinos progubernamentales y no de líderes civiles opositores.


Una comisión de Unasur, por determinación de los presidentes de la región el 15 de septiembre, investigó por varias semanas en Bolivia los enfrentamientos registrados en días previos en Cobija y en el poblado de Porvenir, en el departamento amazónico de Pando, fronterizo con Brasil.


En esos incidentes, 16 labriegos fueron masacrados, según la comisión de Unasur, cuyo informe será remitido por Bachelet a su colega boliviano, Evo Morales, para que él determine qué curso darle a sus conclusiones y sugerencias.


La violencia en Pando, del que fueron acusados el prefecto opositor Leopoldo Fernández, que se encuentra detenido, y 21 civiles, se produjo en medio de protestas en cinco de las nueve regiones del país que se oponían a la nueva Constitución que impulsa el gobernante y demandaban la devolución de fondos públicos.

AFP
Martes, 25 de Noviembre de 2008, 21:21
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