BOGOTÁ.- El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, afirmó hoy que el gobierno sólo espera que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) indiquen el lugar donde liberarán a seis secuestrados para entonces proceder a suspender operaciones militares en esa zona, y ratificó la negativa a que en ese operativo de liberación participen delegaciones internacionales.
El pasado 21 de diciembre, las FARC anunciaron en un comunicado que liberarían a seis retenidos, entre ellos al ex gobernador del departamento sureño del Meta, Alan Jara, secuestrado en julio de 2001, y al diputado regional Sigifredo López, rehén desde abril de 2002.
Los rebeldes, que no dieron ni fecha ni lugar preciso para esas liberaciones, dijeron que también dejarían libres a tres policías y a un militar, cuyas identidades no revelaron.
"Si las FARC señalan claramente el lugar donde se van a dar las liberaciones, inmediatamente damos las garantías", dijo Restrepo en una conferencia de prensa en la casa de gobierno.
Damos por hecho, agregó, "el compromiso público de las FARC de liberar a estas personas, eso no lo tenemos en entredicho (...) y ojalá nos anuncien más liberaciones y también daremos las garantías".
Sin embargo, Restrepo manifestó la preocupación del gobierno por lo que calificó como la posibilidad de que las FARC hagan unas liberaciones "a cuenta gotas. Nos preocupa que nos sometan a una especie de telenovela por varios actos".
Nuestro llamado, dijo, es que "esto (la liberación) se concrete y que se concrete de la manera más expedita".
Y aunque una participación de delegados internacionales no fue una exigencia formulada por las guerrillas en su comunicado, Restrepo ratificó la negativa ya anticipada por el gobierno: la única instancia autorizada es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
"Otro tipo de participación internacional lo hemos descartado y hemos dicho que lo hacemos porque tenemos también que preservar nuestras relaciones con los demás países", dijo Restrepo refiriéndose a que liberaciones a comienzos de año, donde hicieron gestiones delegados de países como Venezuela, desembocaron en impasses diplomáticos con esas naciones.
"La participación del CICR es suficiente garantía", agregó.
El Comisionado también indicó que 1.178 encarcelados miembros de las FARC han solicitado este año a las autoridades gubernamentales someterse a la denominada ley de Justicia y Paz, de 2005, que contempla que un miembro de un grupo armado ilegal pueda recibir beneficios, como una sentencia de máximo ocho años de prisión, pero a cambio de comprometerse a no volver a delinquir, entregar bienes malhabidos y confesar delitos.
Restrepo dijo que en enero el gobierno decidirá a quiénes de ese millar de guerrilleros presentará como candidatos a los beneficios de la ley, una decisión que finalmente toman las autoridades judiciales.
El Comisionado no indicó el estatus de cada uno de los 1.178 rebeldes de las FARC: si están aún siendo procesados o ya algunos fueron condenados.
