ARGEL.- El actual viceprimer ministro y ex ministro del Interior argelino, Yazid Zerhouni, rechazó hoy miércoles levantar el estado de emergencia, que rige en el país desde hace 19 años debido a cuestiones de seguridad.
Tras la clausura de la sesión de Otoño del Parlamento, sostuvo que la medida constituye un mecanismo que permite una coordinación entre las fuerzas de seguridad y el Ejército en la lucha contra los grupos terroristas.
"No vamos a levantar el estado de emergencia (...) no lo instauramos para restringir las libertades", insistió el Primer Ministro argelino al referirse a la medida.
Paralelamente a la declaración de Zerhouni, un grupo de 21 diputados procedentes de diferentes formaciones políticas, entre ellas dos que forman parte de la actual coalición presidencial, el Frente de Liberación Nacional (FLN) y el Movimiento por la Sociedad para la paz (MSP) depositaron un escrito en el despacho del presidente del Parlamento para que se levante el estado de emergencia.
Los promotores de este proyecto estiman que el mantenimiento de esta disposición excepcional "no tiene fundamentos ni en el plano jurídico, ni de la seguridad ni político".
El estado de emergencia en Argelia fue decretado el 9 de febrero de 1992 por el Alto Consejo de Estado (ACE), formado por cinco miembros a la cabeza de ellos el presidente Mohamed Budiaf.
El ACE lo promulgó tras el intento de insurrección por el Frente Islámico de Salvación (FIS) en protesta por la anulación de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que debían haberse celebrado el 16 de enero y cuya primera ronda ganó por mayoría esa formación.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que el mantenimiento de la medida le sirve al poder para amordazar a los partidos y coartar las libertades.
El pasado 22 de enero la Asamblea para la Cultura y la Democracia (RCD), liderada por el doctor Said Sadi, intentó organizar una manifestación en Argel para exigir el levantamiento del estado de emergencia, pero esa marcha fue abortada por la policía.
Una nueva marcha con las mismas reivindicaciones está prevista para el próximo 12 de febrero, pero el viceprimer ministro ha advertido de que será prohibida, pues "las autoridades temen incidentes".
Además, las autoridades explican que su decisión de prohibir toda manifestación en las calles de Argel se ampara en un decreto de junio de 2001, tras una marcha de militantes bereberes que acabó con dos muertos y decenas de heridos.
