WASHINGTON.— Un informe del Departamento de Estado estadounidense indicó que la situación de los derechos humanos en Venezuela fue dominada durante el año pasado por la politización de la justicia, la corrupción, la impunidad en las fuerzas policiales, y el hostigamientos contra las ONG, los opositores y los medios.
La existencia de casos de asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como la persecución selectiva con fines políticos, generaron inquietud en el gobierno estadounidense.
El estudio, que está basado en reportes de las organizaciones no humanitarias locales y de los medios, reconoce que el gobierno venezolano o sus agentes "no cometieron ninguna muerte con motivación política" en 2009, pero sí señala que las fuerzas de seguridad fueron acusadas de ejecutar "muertes extrajudiciales, incluyendo ejecuciones sumarias de sospechosos".
Como prueba de ello citaron las cifras recabadas entre octubre 2009-septiembre 2010 por el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), que revelaron que en el país ocurrieron 237 asesinatos por la acción de las fuerzas de seguridad, de los cuales 199 fueron por ejecuciones extrajudiciales, nueve por exceso del uso de la fuerza, y 10 por tortura o trato cruel.
El Departamento de Estado afirmó, en su informe 2010 sobre prácticas de las naciones en materia de derechos humanos, que en Venezuela persiste el problema de "politización del sistema judicial", el cual aseguró que está caracterizado por "retrasos en los juicios" y las "violaciones al debido proceso".
Asimismo, en el estudio se reconoce que la "independencia judicial se mantuvo comprometida" de acuerdo a las evaluaciones realizadas por observadores, y las denuncias de "corrupción" e "influencia política" que surgieron contra la Fiscalía General.
En relación al tema de la corrupción, el informe admite que esa situación se presenta en "todos los niveles del gobierno", y que a pesar de existir una legislación que combate ese flagelo algunos observadores estiman que el gobierno no aplica de manera efectiva y justa la ley.
En el estudio se alerta sobre las "amenazas" y el "hostigamiento" del gobierno contra miembros de las organizaciones de derechos humanos, así como la "intimidación" que enfrentan los medios de comunicación privados y periodistas, lo que ha llevado a limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión y a un clima de autocensura.
El gobierno del presidente Hugo Chávez siempre ha rechazado de manera enérgica los informes del Departamento de Estado considerándolos como "injerencistas", y ha asegurado que esa práctica lesiona las relaciones.
