TÚNEZ.- El juicio del ex Presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali comenzó este lunes en Túnez en ausencia del acusado, que había refutado de antemano los cargos retenidos contra él y denunciado una "justicia de vencedores".
Una cierta confusión precedió la llegada de los magistrados a la abarrotada sala penal del tribunal de primera instancia de Túnez.
Más de 200 personas acudieron a la sala, incluidos unos 50 abogados. De hecho parte del público reprochó el número de letrados presentes.
Frente al Palacio de Justicia se habían concentrado unas 50 personas, algunas de cuales eran favorables al juicio y otras estaban descontentas por no ver sentado en el banquillo de los acusados al ex hombre fuerte de Túnez, refugiado en Arabia Saudita desde el 14 de enero.
"¿Qué van a juzgar? ¿Aire? No tiene ningún sentido", lanzó Mohamed Salah Zaalouni, un camarero veinteañero cerca del tribunal.
Laabidi Farid, de 74 años, estima que habría que haber empezado por los asuntos más importantes, es decir la responsabilidad del ex presidente en la muerte de unas 300 personas durante la represión de la revuelta que lo obligó a dimitir. Varios diarios calificaban el juicio de "histórico".
"Por primera vez en nuestra larga historia un presidente convertido en dictador, predador y sanguinario será juzgado", escribió Tunis-Hebdo.
Es la primera de una larga serie de acciones judiciales emprendidas contra él. En esta ocasión se juzga a Ben Ali y a su esposa Leila Trabelsi por dos casos.
El primero de ellos, dirigido contra la pareja, se debe al hallazgo de grandes cantidades de dinero y de joyas en un palacio de Sidi Bou Said, a las afueras de Túnez.
La televisión pública mostró fajos de billetes de dinares y de divisas extranjeras apilados en un enorme cofre, en lo que llamó la "caverna de Alí Babá".
En el segundo caso el único inculpado es Ben Ali. Trata sobre el hallazgo de armas y de droga en el palacio presidencial de Cartago.
Ben Alí debe responder, en los dos casos, de malversación de fondos públicos y de posesión de armas y estupefacientes, unos delitos sancionables con penas que oscilan entre 5 y 20 años de cárcel, según el ministerio de Justicia tunecino.
En vísperas del juicio, Ben Ali rebatió, a través de su abogado libanés, todas estas acusaciones "deshonrosas e imaginarias".
Posteriormente, la justicia militar tunecina instruirá otros expedientes contra Ben Ali y miembros de su entorno, con acusaciones más graves, de homicidios, tortura y blanqueo de dinero.
Unas 300 personas murieron en la represión de la revuelta popular desatada tras la muerte el 17 de diciembre, de Sidi Bouzid, un vendedor ambulante que se quitó la vida inmolándose con fuego.
El movimiento de protesta motivó la renuncia de Ben Alí al cabo de casi un mes.
Ben Alí, que dirigió Túnez con mano de hierro durante casi un cuarto de siglo, consideró, a través de su abogado, que este juicio es un intento de las autoridades tunecinas por desviar la atención de su incapacidad para restaurar la estabilidad política y económica en el país.
