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Jesuitas denuncian que muchos gobiernos violan la Convención de la ONU para Refugiados

Uno de sus representantes dijo que esto ha sido una piedra angular para que millones de hombres, mujeres y niños puedan reconstruir sus vidas dignamente.

20 de Junio de 2011 | 09:49 | EFE

CIUDAD DEL VATICANO.- Los jesuitas denunciaron que son "demasiados" los gobiernos que no respetan la convención de la ONU para los refugiados, que cada vez les limitan más el acceso a sus territorios y que se les niega "injustamente" la documentación, el derecho a trabajar y el acceso a servicios esenciales.


Así lo manifestó el director del Servicio Jesuita para los Refugiados (JRS),   Peter Balleis, en un artículo difundido hoy por este organismo de la Compañía de Jesús, coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado.


Balleis afirmó que la Convención de la ONU de 1951 para los refugiados es la "piedra angular" para que millones de hombres, mujeres y niños puedan reconstruir sus vidas dignamente.


"Sin embargo, son demasiados los gobiernos que siguen ignorándola. Los refugiados son a menudo confinados en campamentos remotos o injustamente detenidos violando su derecho a la libertad de movimiento. Asimismo, se les niega injustamente la documentación, el derecho a trabajar y el acceso a servicios esenciales", denunció Balleis.


El jesuita agregó que los estados no brindan a los solicitantes de asilo la posibilidad de acceder a unos procedimientos justos para acceder al estatuto de refugiado.


Según Balleis, si la convención se aplicara plenamente, las vidas de muchos refugiados que han huido de Libia cruzando el Mediterráneo, de somalís que han huido a Kenia y muchas más podrían ser protegidas e incluso salvadas.


"La protección frente a las violaciones de los derechos humanos es un derecho de nacimiento para todos nosotros", subrayó Balleis.


El JRS está presente en más de 50 países de todo el mundo y cuenta con 1.200 trabajadores, entre jesuitas, seglares y otros religiosos.


Según datos de los jesuitas, prestan ayuda en los campos de la educación, sanidad y servicios sociales a 500.000 refugiados y desplazados, de los que más de la mitad son mujeres.

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