QUITO.- El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que no dará marcha atrás en su demanda por injuria contra el diario El Universo, cuyos máximos directivos y un ex editor fueron condenados a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares en un fallo de primera instancia.
"Este soldado de la revolución ciudadana no dará marcha atrás hasta que judicialmente brille la verdad", dijo Correa en un acto público en Guayaquil (suroeste), en el que reiteró que el dictamen es "histórico" pues sienta un "precedente de protección contra los excesos de cierta prensa".
"¿A quién se le puede ocurrir acusar al presidente de la República de asesino y criminal de lesa humanidad, con base en hechos imaginados por la enferma mente del autor de ese artículo", cuestionó el mandatario.
Correa, criticado internacionalmente por la demanda, sostuvo que "jamás" estará "a favor de la censura previa", pero anotó que la ley ecuatoriana y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos "establecen la responsabilidad ulterior".
"Todos los tratados, convenios institucionales, nuestra propia Constitución, establecen que el límite de la libertad de expresión será la honra, la dignidad de las personas", añadió el gobernante, y subrayó que ningún código dice que el jefe de un Estado "no tiene derecho a defender su honor".
Correa presentó la querella a raíz de un artículo en el que el ex editor de opinión de El Universo Emilio Palacio, le advierte que una corte internacional podría juzgarlo por delitos de lesa humanidad, al supuestamente haber ordenado abrir fuego contra un hospital durante una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010.
Palacio y los directivos del periódico sostienen que la intención del Presidente es silenciarlos y apelaron la sentencia, al igual que Correa, que lo hizo para reclamar los 80 millones de dólares que exigió inicialmente y que, anunció, destinará a un plan del gobierno contra el calentamiento global.
Junto con Palacio también fueron condenados el director del rotativo, Carlos Pérez, y los subdirectores Nicolás y César Pérez.
El Mandatario también denunció una campaña de "linchamiento mediático" contra el juez Juan Paredes -que emitió el fallo- y para "confundir las injurias con opinión y la patente de corso para difamar con libertad de expresión".
La sentencia fue deplorada por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y el Instituto Internacional de Prensa, mientras que Estados Unidos dijo que se sumaba a esa "preocupación".
