PARíS.- Las expulsiones de inmigrantes indocumentados en Francia se han acelerado en lo que llevamos de año y podrían superar en todo 2011 no sólo el objetivo inicial del Gobierno de 28.000, sino incluso la cifra de 30.000, según informaciones publicadas hoy por "Le Figaro" y confirmadas por el Ministerio del Interior.
El ritmo de expulsiones de inmigrantes en situación irregular había sido de 2.500 mensuales en la primera parte del año, pero en mayo la cifra se disparó a 3.397, un 32 % más que en el mismo mes de 2010, precisó el diario conservador.
En julio, la tendencia debería confirmarse, aunque menos acusada, ya que se espera un alza del 7 %, añadió.
La inflexión coincide con la reacción francesa a la regularización en Italia de unos 25.000 tunecinos que habían llegado al tras la revuelta en su país de origen, y que se tradujo entre otras cosas en un cierre puntual de la frontera entre Francia e Italia y una suspensión temporal del principio de libre circulación europea recogido en el Tratado de Schengen.
El Ministerio francés de Interior explicó la progresión de las expulsiones por la "movilización sin fisuras de las prefecturas (delegaciones del Gobierno), en particular durante la crisis tunecina", pero también por "las nuevas disposiciones en la ley sobre la inmigración votada en mayo".
Esas disposiciones, que han entrado en vigor tras su publicación el pasado día 18, se refieren en particular a que el plazo de presentación ante el juez de los sin papeles detenidos pasa de dos a cinco días, lo que evita una puesta en libertad prematura.
Además, el periodo de retención de los extranjeros en situación irregular se ha prolongado de
Junto a esa acción contra la inmigración irregular, el titular de Interior, Claude Guéant, está endureciendo su acción contra la legal y ha avanzado que pretende que el número de entradas disminuya de
La acción de Guéant pasa por reducir la concesión de permisos de trabajo en el extranjero de
La Administración francesa va a ser más rigurosa a la hora de atribuir permisos de entrada a cuenta del reagrupamiento familiar, -que es la principal vía de inmigración legal con 80.000 personas al año- sobre todo a la hora de examinar las condiciones reales de ingresos y de vivienda.
El control también será más minucioso para los que soliciten ir a estudiar a Francia (son unos 65.000 cada año), con el objetivo de evitar que ese mecanismo se utilice para buscar trabajo.
