QUITO.- El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró este lunes mediante decreto el estado de excepción a la función judicial, "a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa" y prevenir una "inminente conmoción interna".
El Mandatario argumentó que su decisión, que durará 60 días, quiere garantizar en debida forma "el acceso a la justicia contemplado en la Constitución".
La medida excepcional le permitirá, a su vez, declarar la movilización nacional de "todo el personal de la Función Judicial", según reza el decreto, con el objetivo de permitir el acceso "a la justicia oportuna e integral a los habitantes del Ecuador".
El gobernante ecuatoriano dispuso a su Ministerio de Finanzas la dotación de los recursos suficientes para atender la emergencia.
En tanto, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional fueron notificadas de la decisión ejecutiva.
Correa había advertido el fin de semana que para la reforma de la función judicial en Ecuador se requieren de fondos por unos 600 millones de dólares, y que el trabajo se extenderá hasta el año 2015.
La justicia ecuatoriana está ahora en manos de un Consejo Transitorio de la Judicatura, como resultado de la decisión mayoritaria de una consulta popular efectuada en mayo, que dio atribuciones al Ejecutivo para reformar la justicia en un lapso de 18 meses, por intermedio de este organismo conformado por tres abogados cercanos al oficialismo.
