BOGOTÁ.- Un total de 1.801 exparamilitares dejaron vencer el plazo que tenían para evitar ser procesados por concierto para delinquir, delito penalizado en Colombia con hasta nueve años de cárcel.
El término venció anoche, según lo dispuesto por una ley adoptada en diciembre de 2010 para superar el "limbo jurídico" en el que estaban la mayoría de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Esta organización se disolvió tras desarmar, entre finales de 2003 y mediados de 2006, a más de 31.000 paramilitares, dentro del un proceso de diálogo con el Ejecutivo del entonces Presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
De ellos, 4.131 quedaron a merced de la llamada Ley de Justicia y Paz, normativa transicional que establece penas alternativas de cinco a ocho años de prisión para responsables de crímenes atroces, entre otras disposiciones.
El caso de los demás, que incurrieron en concierto para delinquir por haber pertenecido a las AUC, comenzó a ser superado con la gestión de otra ley de iniciativa gubernamental y que fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado.
Alejandro Éder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), explicó en una reunión con la prensa que, para poder acceder a los beneficios de la ley, estas personas "debían presentar su voluntad de acogerse a ella, firmando un formulario voluntario".
La gestión fue completada por 24.643 de los 26.444 antiguos paramilitares que debían hacerlo, según los resultados de la convocatoria facilitados por el funcionario.
Éder explicó que la norma obliga a quienes firmaron el compromiso "a realizar un trabajo social como parte del proceso de reparación a las víctimas, lo mismo que acudir al Centro de Memoria Histórica cuando se les requiera".
Según él, lo importante de estos resultados "es que 24.643 personas le apostaron y le siguen apostando a la paz de Colombia".
"Las personas que no se acogieron a la ley, no podrán gozar de los beneficios jurídicos de la misma", advirtió luego.
