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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 13:49
GINEBRA.- La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU Navi Pillay pidió evitar las amnistías en el proceso de paz en Colombia entre el Gobierno y las FARC, al presentar el informe anual sobre dicho país este miércoles en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"Evitar encarar las violaciones del pasado mediante amnistías y otras formas de impunidad que simplemente infringen las obligaciones de derechos humanos", indica el informe, reiterando la posición de la ONU en la materia: rendición de cuentas, reparación, juicio, castigo, y cumplimiento de las penas para los violadores de los derechos humanos.
La delegación de Colombia señaló que "los diálogos de paz tienen como objetivo la terminación definitiva del conflicto" con la guerrilla, que se han desmovilizado 53.319 paramilitares, y "más de 150 mil víctimas indemnizadas en 2012, 50.000 planes de reparación integral formulados y 8 planes de reparación colectiva", por "la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras".
El informe recalca "graves problemas de derechos humanos que continúan siendo negados o siguen sin resolverse", y resalta los 4.716 homicidios "cometidos por agentes estatales" (asesinatos de inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros, conocidos como "falsos positivos"), precisando que solo 294 casos han llegado al juicio o han sido "vistos para sentencia".
La ONG Reiniciar afirmó que el gobierno de Colombia desoyó el reclamo de la ONU y de la OEA para no reformar el fuero penal militar, y estableció "un procedimiento especial (...) para los militares procesados por delitos comunes", quebrando el "principio de igualdad ante los tribunales de justicia", otorgándoles "un tratamiento especial y distinto a los demás ciudadanos".
La Comisión Colombiana de Juristas agregó su preocupación que la mencionada "reforma del sistema de justicia penal militar (...) pueda también llevar a que los tribunales militares se hagan cargo de causas que actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía General", de la justicia ordinaria.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) denunció "la practica sistemática y generalizada de la tortura y otros malos tratos que se cometen por todos los actores armados del conflicto colombiano, sin que el Estado adopte medidas", y aseguró que de 91 casos en manos del poder judicial, "solo 10 han avanzado a etapa de juicio y aún no hay condenados".
