MOSCÚ.- Miembros del Consejo de Derechos Humanos, una institución oficial del Gobierno ruso, denunció este jueves una ola de registros "sin precedentes" en las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, afirmando que las inspecciones están destinadas a paralizar su trabajo y a silenciar las escasas voces críticas que existen en Rusia.
En las últimas semanas, fiscales rusos e inspectores de impuestos llevaron a cabo una serie de registros en al menos 100 importantes organizaciones no gubernamentales (ONG) rusas y extranjeras, incluyendo Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
"Una campaña masiva de inspecciones de ONG no tiene precedentes en los últimos 25 años", dijo Serguei Krivenko, un alto responsable del grupo de defensa de derechos humanos Memorial y miembro del Consejo de Derechos Humanos del Kremlin.
Krivenko comparó estos allanamientos con las presiones sobre la sociedad civil llevadas a cabo durante la era del dictador soviético Josef Stalin.
Pavel Shikov, el director de la asociación de defensa de derechos Agora, que también forma parte del Consejo de Derechos Humanos, dijo durante la misma conferencia de prensa que hasta ahora unos cien grupos de 25 regiones de toda Rusia señalaron registros.
Las inspecciones, encabezadas por fiscales, contaron con la presencia de miembros del servicio de seguridad FSB, policías e incluso efectivos de Rospotrebnadzor, una organización de protección de los derechos de los consumidores, explicó Shikov.
"En primer lugar y sobre todo, los fiscales están interesados en organizaciones no gubernamentales involucradas en actividades políticas, actividades de protesta, críticas de las autoridades y ONG con financiación extranjera", declaró a los periodistas.
"Su objetivo posible es paralizar a las ONGs durante algún tiempo e intimidarlas", advirtió.
Las autoridades rusas irrumpieron el miércoles en la oficina moscovita de la ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, en el marco de una amplia campaña de inspección emprendida por el gobierno ruso respecto a varias organizaciones no gubernamentales, a pesar de las críticas de la Unión Europea.
Los militantes que defienden los derechos humanos vinculan estos allanamientos con una controvertida ley que obliga a las ONG con financiación extranjera involucradas en política a identificar a los "agentes foráneos".
