BARBATE.- El Gobierno español anunció hoy el establecimiento de una Zona de Especial Protección (ZEC) en aguas alrededor del peñón de Gibraltar, en la que estará prohibido que los barcos fondeados permanentemente hagan de gasolineras flotantes.
Tras reunirse con el sector pesquero en Barbate (Cádiz), el ministro español de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, explicó que al Gobierno "no le temblará el pulso" en sus decisiones sobre Gibraltar.
En esa ZEC, agregó Arias Cañete, está prohibido el suministro de combustible a otros buques, y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho más rigor" contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes.
Esta práctica, conocida como "bunkering", la llevan a cabo numerosos buques en las aguas de la bahía de Algeciras (sur de España) próximas a Gibraltar.
La medida medioambiental fue anunciada en unos momentos de creciente tensión diplomática entre España y el Reino Unido por los controles españoles en la frontera de la colonia británica y el vertido de 70 bloques de hormigón en el mar por parte de las autoridades gibraltareñas para crear un arrecife artificial.
El ministro español subrayó que España seguirá tomando medidas legales "proporcionadas" después de que Gibraltar arrojara en la bahía de Algeciras los bloques de hormigón con cilindros que rompen las redes de los pesqueros, algo que calificó de "aberrante" y un "delito ambiental", por lo que España ha presentado una denuncia ante la fiscalía y la UE.
Para compensar los daños causados a los pesqueros de la zona, el ministro anunció también que se van a dar ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a unos veinte barcos de la comarca, y añadió que aún están calculando las cantidades, que serán de unos 500 euros al mes a los armadores y de 189 a los pescadores.
Arias Cañete insistió en que el derecho internacional está del lado de España en las medidas con Gibraltar, y precisó que el Tratado de Utrecht no contempla que Gibraltar tenga aguas propias.
Además, dijo que van a seguir los controles en la frontera destinados a paliar el contrabando de tabaco de la colonia, que ha definido como un "anacronismo".
"El Gobierno no va a ceder y defenderá la legalidad", resumió el ministro antes de asegurar que el Ejecutivo está "tranquilo" a pesar de las amenazas de Londres sobre posibles acciones legales.
También justificó la tasa que el Gobierno español estudia imponer en la frontera con Gibraltar para pagar al personal que se requiere por el aumento de los controles que eviten el contrabando.
El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, calificó con anterioridad ese lanzamiento de bloques de hormigón de "atentado al medio ambiente".
Por su parte, el Gobierno británico amenazó el lunes con tomar "acciones legales" sin precedentes, mientras que el Ejecutivo español también dijo que recurriría a foros internacionales, como el Tribunal de la Haya o la ONU.
España afirma que no puede renunciar y está obligada a realizar controles en la frontera con Gibraltar debido a que esa colonia británica no forma parte del espacio Schengen que permite la libre circulación entre varios países comunitarios.
