Juez argentino procesa a influyente hombre de Cristina K por abuso de autoridad

BUENOS AIRES.- Un juez argentino encausó al polémico e influyente secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por presunto abuso de autoridad en una causa iniciada por una consultora económica privada que medía índices de inflación.

El juez Claudio Bonadío dispuso además el embargo sobre los bienes de Moreno por unos 50.000 pesos (8.700 dólares), señaló el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema. Se trata del funcionario procesado de más alto rango del gobierno de Cristina Fernández.

Además de Moreno, fueron encausados, el director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro, y el director nacional de Lealtad Comercial, Adalberto Rotella.

La causa había sido iniciada por Jorge Todesca, un ex viceministro de Economía titular de la consultora Finsoport, a la que junto a otras seis empresas, Moreno prohibió difundir datos de inflación en base a mediciones propias y les impuso multas por 500.000 pesos (US$ 87.000), que aún deben ser confirmadas por la Corte.

El gobierno de Fernández de Kirchner prohibió hace dos años difundir estudios sobre inflación a las consultoras privadas, cuyos índices duplican las cifras oficiales, que también son cuestionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro argentino de Economía, Hernán Lorenzino, se encuentra en Washington donde se reunió con técnicos del FMI para cerrar la asistencia técnica para un nuevo índice de inflación, que debe entrar en vigencia en el último cuatrimestre de 2013.

Según cifras oficiales, la inflación en Argentina fue de 10,8% en 2012, aunque estimaciones de consultoras ubican el índice en 25,6%.

Finsoport fue sancionada por la secretaría de Comercio por "agiotaje", un delito previsto en la Ley de Abastecimiento que penaliza el alza o baja de precios con métodos arbitrarios.

Moreno alegó para establecer las multas, la supuesta falta de rigurosidad técnica y limitada área de relevamiento de precios para la elaboración de los índices, por parte de las consultoras.

En su resolución, el juez estimó que "se ha probado que desde su inicio" que hubo "arbitrariedad en el proceder" de los funcionarios.