Inés del Río Prada está encarcelada desde 1989.
EFEMADRID.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exigió el lunes liberar a la etarra Inés del Río Prada y abrió la puerta a que decenas de presos condenados a largas penas salgan antes de la cárcel, provocando la indignación de víctimas de la organización separatista armada.
El TEDH, con sede en Estrasburgo (este de Francia), acogió la demanda de Del Río contra la aplicación retroactiva de la llamada Doctrina Parot. Esa doctrina establece que las reducciones de condena se descuentan de cada una de las penas que pesan sobre un reo, y no sobre los 30 años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previsto por la ley.
Esta interpretación prolonga el tiempo de encarcelamiento en caso de múltiples condenas.
Del Río, de 55 años, encarcelada desde 1989, fue condenada a un total de 3.828 años de cárcel por varios asesinatos y tendría que haber salido en 2008 con los beneficios penintenciarios previstos cuando fue condenada.
Pero debido a la aplicación retroactiva de la Doctrina Parot, adoptada en 2006, la justicia española pretendía retrasar su liberación hasta 2017.
Esta decisión de la Gran Cámara del TEDH confirma el veredicto pronunciado en julio de 2012, recurrido por Madrid, pero que ahora es definitivo.
Como en 2012, el TEDH reprochó a España haber violado con esa aplicación retroactiva la Convención Europea de Derechos Humanos.
"El Tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo (español) aplicaría un cambio de jurisprudencia en febrero de 2006 ni que ese cambio de jurisprudencia le sería aplicado acarreando una postergación de la liberación" estimaron los jueces de Estrasburgo.
"Por tanto, la demandante ha purgado una pena de detención de una duración superior a la que hubiera debido sufrir según el sistema jurídico español en vigencia en el momento de su condena", consideró el tribunal, que pidió a España que libere a Inés del Río Prada "en el más breve plazo". Además, ordenó el pago de 30 mil euros a la afectada por daño moral.
Este veredicto definitivo podría obligar a España a liberar a decenas de presos de ETA y a reos condenados a largas penas por causas comunes.
El gobierno lamentó el fallo pero descartó generalizar automáticamente sus beneficios a otros reos, alegando que le corresponderá más bien a los tribunales estudiar sus consecuencias caso por caso.
