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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 06:43
BRUSELAS.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará mañana sobre el conflicto que enfrenta a Nicaragua y Costa Rica por la construcción de una carretera por este último país paralela al río San, de soberanía nicaragüense, y que a juicio de Managua daña su navegabilidad.
El principal órgano judicial de la ONU, con sede en La Haya, se pronunciará así sobre la petición de medidas cautelares contra Costa Rica presentada por Nicaragua.
La Corte celebrará una sesión pública el viernes a las 9:00 GMT (06:00 horas de Chile) en la que el presidente del tribunal, Peter Tomka, leerá la decisión sobre este asunto.
Nicaragua reclama medidas cautelares para evitar lo que considera daños medioambientales "irreparables" al fronterizo río San Juan, causados presuntamente por las obras de construcción de la carretera costarricense, de unos 130 kilómetros.
El reglamento de la CIJ establece que los jueces pueden ordenar medidas cautelares cuando se demuestra la urgencia de las reclamaciones y para evitar daños que podrían ser irreparables.
Managua solicitó esas medidas tras conocer los planes de San José de reanudar "antes de finales de año" las obras de la carretera, que han estado paralizadas durante varios meses.
En cambio, Costa Rica alega que la carretera se está construyendo por entero en su territorio, lo que a su entender deslegitima las reclamaciones, y da una alternativa de comunicación a comunidades aisladas de la zona.
La CIJ estableció en 2009 que Costa Rica tiene derecho de navegación sobre el río San Juan para cubrir las necesidades cotidianas de las comunidades asentadas en las inmediaciones de la ribera, aunque no para transportar a personal policial.
En paralelo, los dos países se disputan ante este tribunal la soberanía de la Isla Portillos, una zona de humedales en la desembocadura del río, reclamada por Costa Rica.
A la reclamación de Costa Rica por este motivo, presentada en 2010, se sumó una denuncia de Nicaragua en 2011 por los presuntos daños medioambientales derivados de la construcción de la carretera a lo largo de la ribera derecha del río.
El pasado 22 de noviembre la CIJ dictó medidas cautelares en ese conflicto territorial e instó a Nicaragua a poner fin al dragado de dos canales en el cauce del fronterizo río San Juan denunciados por Costa Rica, y a retirar de la zona a su personal, como pedía San José.
Los responsables nicaragüenses aseguraron a principios de diciembre que habían finalizado estas obras e informarían de los trabajos a Costa Rica y la CIJ.
El cruce mutuo de denuncias ante los tribunales internacionales ha tensado en los últimos años las relaciones diplomáticas entre ambos países, que en vísperas de conocer la decisión de la Corte siguen teniendo roces.
Este martes el Gobierno costarricense afirmó que autoridades de Nicaragua le impidieron durante una misión técnica ambiental navegar por el fronterizo río San Juan para llegar a inspeccionar la zona en disputa, Isla Portillos.
Ese mismo día Costa Rica lograba reabrir su consulado en la capital nicaragüense, que permanecía cerrado desde agosto debido a que los vecinos del barrio de Managua donde iba a instalarse la oficina se opusieron rotundamente a ello.
