El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, durante la audiencia en su juicio.
EFE
LIMA.- El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Perú durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori recibía un desvío de fondos de entre 350 mil y 3,5 millones de dólares de los institutos armados y los ministerios de Defensa y Economía, según explicó hoy un testigo en el juicio oral contra el ex mandatario.
El ex ministro de Defensa Carlos Bergamino declaró a la sala que procesa a Fujimori por el desvío de fondos para financiar su reelección en el 2000, que el ministerio de Economía enviaba el dinero a su cartera y que luego era dirigido al SIN.
Bergamino reiteró que Fujimori tenía conocimiento de este desvío de fondos, utilizados supuestamente para comprar la línea editorial de los denominados "diarios chicha" o sensacionalistas con el fin de apoyar su campaña de reelección.
El ex ministro dijo que las partidas derivadas al SIN, manejado en la sombra por el ex asesor Vladimiro Montesinos, eran de un millón a 10 millones de soles (350 mil a 3,5 millones de dólares).
El procurador anticorrupción, Joel Segura, dijo a los periodistas que el desvío de fondos atribuido a Fujimori "queda bastante claro".
Sin embargo, el abogado del ex mandatario, William Castillo, afirmó que Fujimori "no tenía necesidad de acudir a los diarios chicha" porque su candidatura tenía el apoyo suficiente para ganar los comicios en el 2000.
Castillo agregó que "se tendrá que demostrar que Fujimori tenía conocimiento del desvío de fondos", e insistió en que su cliente no los autorizó ni ordenó.
La audiencia se suspendió hasta el próximo miércoles 19 debido a la ausencia de otro testigo, el ex funcionario del SIN Abel Villalobos, cuando también debe presentarse el ex ministro de Defensa César Saucedo.
Alberto Fujimori, que tiene una condena a 25 años de cárcel por abusos a los Derechos Humanos, es el último procesado en el caso de los diarios "chicha", por el que en 2005 ya se condenó a 29 personas, entre ellas a ocho años de prisión a Montesinos y a los ex generales Elesván Bello y José Villanueva por los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir.
