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Santiago: Miércoles 24 de abril del 2024 | Actualizado 08:28
JERUSALÉN.- Un total de ocho organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos han pedido al Tribunal Supremo de Israel que impida la política estatal de derribar las viviendas familiares de las personas implicadas en ataques terroristas.
Según las citadas organizaciones, este derribo constituye un castigo colectivo y supone por ello una flagrante violación de las leyes internacionales y de los derechos humanos, y puede incluso ser considerado crimen de guerra.
"La opinión de que la política de destruir las casas es ilegal es tan global que, en un grado inusual, la mayoría de los expertos legales israelíes de diferentes áreas que hemos consultado están de acuerdo", explican en su demanda.
La petición fue presentada el jueves por el fiscal Michael Sfard en nombre de organizaciones como B'Tselem, el Comité Público en contra de la Tortura en Israel, Yesh Din, el centro legal Adalah para las minorías árabes en Israel y Rabinos para los Derechos Humanos.
Además, incluye la firma de juristas y profesores universitarios como Yuval Shany y Guy Harpaz, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y al contrario que otras peticiones recientes, no pretende impedir una demolición en particular, si no esta política en general.
Los demandantes insisten en que la referida política, que no ha sido revisada desde los años ochenta, no se ajusta a la nueva normativa internacional y que por ello puede constituir un delito ante el Tribunal Internacional de La Haya.
Asimismo, considera que es una norma que se aplica de forma racista, ya que las demoliciones de casas no se practican con ciudadanos israelíes o judíos que comenten actos de barbarie terrorista similares.
Israel practicó la demolición de casas de palestinos durante la Segunda Intifada (2000-2005), pero interrumpió la política al final de la misma por dudas sobre la legalidad de este castigo.
Sin embargo, en 2014 recuperó esta práctica y ya ha demolido las viviendas familiares de al menos tres palestinos involucrados en ataques mortales contra ciudadanos israelíes y ha ordenado la destrucción de otras dos.
En julio, el padre de Mohamad Jedeir, un menor palestino asesinado por extremistas judíos en venganza por el asesinato a manos de ex convictos palestinos de tres estudiantes israelíes en Cisjordania, exigió que se destruyera la casa de quienes quemaron vivo a su hijo, medida que el gobierno no ha adoptado.
