CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado mexicano aprobó ayer, jueves, la Ley de Seguridad para que a través de la nueva Policía Federal se realice espionaje telefónico y cibernético para prevenir delitos, siempre y cuando cuente con autorización de un juez.

Con 83 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones la Cámara Alta aprobó el proyecto de decreto con el que se faculta a la Policía Federal, que cuenta con 30 mil agentes, a que actúe como "mando único” en todo el territorio mexicano en contra de la delincuencia organizada.

Con esta ley los agentes policiales podrán solicitar por escrito información confidencial a empresas telefónicas detalles de las llamadas de personas sospechosas de realizar delitos como extorsión.

También, la Policía podrá vigilar sitios web y correos electrónicos con el fin de prevenir conductas delictivas.

En tribuna el senador Felipe González, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, avaló este proyecto al considerar necesario terminar con la corrupción y la impunidad.

Por ello, dijo, “les damos (a la Policía) elementos para que puedan actuar en todo el territorio, incluyendo todas las aduanas, dentro de los recintos fiscales, donde se ve mucha corrupción por la cuestión de las importaciones”.

El contenido de la minuta precisa que la nueva Policía Federal contará “con autonomía técnica y operativa” e investigará delitos bajo en coordinación con el Ministerio Público de la Federación.

También podrá recabar información en lugares públicos “con el apoyo de personas, medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia preventiva”. Los agentes policiales podrán ir vestidos de civil en operaciones encubiertas.

La ley ya había sido aprobada por los diputados, pero como los senadores le hicieron modificaciones deberá ser turnada a la Comisión Permanente del Congreso, conformado por un grupo de diputados y senadores.

México vive desde hace tres años una ola de violencia desatada por el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, que pelea con bandas rivales el control de plazas no sólo para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos sino también para delitos como tráfico de personas, robo de autos, secuestros y trata de personas.