Gobierno podría aplicar ley antiterrorista en el sur

El subsecretario del Interior, Jorge Burgos, señaló que estas decisiones no se anuncian, sino que se imponen. Indicó que, en la medida que se determine la existencia de la comisión de hechos de esas características, se analizará ocupar ese resorte legal, sin temor a "equívocos".

25 de Enero de 2001 | 14:32 | Orbe
SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Jorge Burgos, atribuyó a situaciones de delincuencia común los últimos actos de tomas de fundos y enfrentamientos registrados en la Novena región atribuidos a gupos de comuneros indígenas.

Sin embargo, añadió que el gobierno no descarta la posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista a cabecillas de grupos que propician ocupaciones de predios y alteran el orden en la zona.

Añadió que estas decisiones no se anuncian, sino que se imponen. Indicó que, en la medida que se determine la existencia de la comisión de hechos de esas características, se analizará ocupar ese resorte legal, sin temor a "equívocos".

Ocupación

Jorge Burgos afirmó que frente a ocupaciones de fundos en la Novena región por 12 ó 14 horas, sólo requieren la adopción de leyes comunes para terminar con ellas.

Reafirmó que "el tema de las tomas está siendo solucionado de manera rápida con la legislación que tenemos".

Al hacerle presente que estas acciones se han reiterado en el último tiempo, reiteró que se opera de forma absolutamente rápida, porque el Estado de derecho funciona, lo cual -según resaltó- es "un elemento para estar tranquilos". Al mismo tiempo, añadió que también se han prevenido muchas ocupaciones de predios.

En consecuencia, reconoció que se está en una situación de conflicto respecto del orden público, pero insistió en que "tenemos un Estado de derecho que está funcionando plenamente", afirmó en declaraciones formuladas en La Moneda.

Jorge Burgos enfatizó que el orden público está en manos de Carabineros. Así respondió al presidente del Consorcio Agrícola del Sur, Manuel Riesco, quien pidió, además de la acción policial, la participación de militares en la zona de La Araucanía para proteger a la ciudadanía.

Aclaró que "las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de orden público corresponde a estados de excepción, en consecuencia a esa declaración simplemente hay que contestar con el rigor de la ley".
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