Ecologistas celebran cancelación de proyecto Cascada Chile

La iniciativa, que contemplaba la construcción de una planta de tableros OSB y un puerto a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Montt, fue fuertemente resistida por ecologistas chilenos, comunidades de pescadores artesanales, la Cámara de Turismo de Puerto Montt e industriales del salmón, quienes consideraban que iba a contaminar río y mar, y destruir el bosque nativo.

22 de Febrero de 2001 | 13:19 | EFE, Agencias
SANTIAGO.- La Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), organismo no gubernamental encargado de defender ante los tribunales las causas ecológicas, calificó hoy como "una gran victoria" la decisión del consorcio canadiense Boise Cascade de cancelar su proyecto de construir una planta de tableros.

La decisión se basó, "fundamentalmente, en la sobreoferta en el mercado de tableros OSB (Oriented Strand Board), paneles estructurales de madera, que se estima se mantendrá en el largo plazo", explicó este martes Boise Cascade en un comunicado.

El proyecto había sido fuertemente resistido por ecologistas chilenos, comunidades de pescadores artesanales, la Cámara de Turismo de Puerto Montt e industriales del salmón, que consideraron que iba a contaminar ríos y mar, y destruir el bosque nativo.

Según José Ignacio Pinochet, director ejecutivo de FIMA, el proyecto maderero había sido aprobado "en abierta contravención a las leyes chilenas".

A través de un comunicado emitido hoy, FIMA agregó que la empresa canadiense tiene "una larga y poco afortunada experiencia" respecto a los métodos con los que ha llevado a cabo proyectos dañinos para el medio ambiente en diferentes localidades de Estados Unidos y México.

En Chile, la forestal de Canadá, en asociación con la nacional Maderas Cóndor, dio una larga batalla ante los tribunales y las autoridades ambientales.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) había aprobado en enero de 1999 el estudio de impacto ambiental de la iniciativa, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema a fines de ese año.

El proyecto consideraba la instalación en la localidad de Bahía Ilque, a 20 kilómetros al sur de Puerto Montt, de una fábrica de tableros de fibra corta de madera, un puerto y una procesadora de astillas.

La Fiscalía del Medio Ambiente actuó judicialmente en contra del proyecto ante la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá, en el marco del acuerdo de libre comercio suscrito entre ambas naciones y cuyos resultados se entregarían en los próximos meses.

La decisión de Boise Cascade fue lamentada por las autoridades de la región de Puerto Montt, que recordaron que el proyecto habría generado 1.200 fuentes de trabajo en su etapa de construcción y 200 puestos directos en su período de operación.

No obstante, el consorcio canadiense acusó al Gobierno chileno de no haber tenido "una posición clara" respecto de las revisiones ambientales del proyecto, "originadas por incesantes demandas de un pequeño grupo de organizaciones no gubernamentales".

El portavoz de la empresa, Doug Bartels, al anunciar la cancelación del proyecto recalcó, no obstante, que éste fue un factor secundario en la decisión de cancelar la iniciativa.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Andrés Santa Cruz, calificó como preocupante que no se realicen los proyectos porque se afecta el desarrollo del país y pidió al Gobierno "reglas claras".

Gobierno rechaza declaración de empresa encargada del proyecto

El gobierno calificó hoy como "injustas, equivocadas e inoportunas" la declaración de la empresa canadiense Boise Cascade Corporation, que resolvió no ejecutar el proyecto forestal "Cascada Chile".

La firma extranjera acusó al Ejecutivo de no tener una posición clara en materia medioambiental, lo que fue utilizado como argumento para no seguir adelante con la iniciativa forestal que se iba a realizar en la Décima región del país.

Así lo señaló hoy subsecretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, quien aseguró que la decisión de la empresa respondió a razones estrictamente económicas y de mercado.

Afirmó que "nosotros como gobierno hemos cumplido cabalmente, no solamente con la ley y lo que establece el sistema de evaluación de impacto ambiental y la ley de base de medio ambiente, sino que además con las condiciones que requieren las empresas para llevar adelante sus inversiones".
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