SANTIAGO.- El subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, afirmó hoy que los empresarios de la locomoción colectiva deberán implementar las exigencias de seguridad al interior de los buses a partir de febrero del próximo año, argumentando que lo que hay que hacer es resguardar la seguridad, tanto de los conductores como de la comunidad en general.
Tras reunirse con los dirigentes del Consejo Superior del Transporte (CST), señaló que lo microbuseros "son los que deben invertir en seguridad", por cuanto éstos deben brindar las condiciones necesarias para evitar asaltos o agresiones e incluso asesinatos de los trabajadores del transporte público.
"El contrato de licitación nos permite a nosotros, como Ministerio de Transportes, establecer determinadas obligaciones tecnológicas y de mayor seguridad. Pero adicionalmente, el Ministerio del Interior tiene las atribuciones para hacer exigibles mayores medidas de seguridad en el transporte público", sentenció.
Asimismo, señaló que tanto la instalación de la caseta para el conductor como el refuncionamiento de los cobradores fueron trabajados con los empresarios y que ellos estuvieron de acuerdo con ellas, sólo que la autoridad se adelantó en hacer su anuncio.
No obstante, los empresarios encabezados por su presidente Manuel Navarrete, criticaron las disposiciones anunciadas el lunes pasado por el Ejecutivo señalando que éstas "no son serias", ya que ellas deben apuntar más que a la protección del conductor y su máquina, a la de toda la comunidad, proponiendo por ejemplo la instalación de cuarteles de Carabineros en los lugares peligrosos por donde atraviesan los recorridos, idea en la que "sí estamos dispuestos a invertir".
En ese sentido, indicó que su gremio colaborará con las disposiciones siempre y cuando se actúe con cautela, ya que la aplicación de las cámaras en los buses, del sistema GPS y de los cobradores automáticos, sobre todo, implicarán un alza en la tarifa.
"Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno y con la ciudadanía donde no se afecte el bolsillo de las personas, y para eso tenemos que ser ingeniosos en cómo resolvemos el problema de los asaltos y los asesinatos no sólo en los buses, si a la gente la asesinan en la calle, en los terminales nuestros", expresó.
Frente a esta idea, la Asociación de Trabajadores del Transporte (ASTTRA) manifestó su oposición, precisando que con la inutilidad que actualmente tienen los cobradores automáticos, la inversión en las nuevas medidas "está más que financiada".
Tombolini, en tanto, precisó que la licitación señala que las innovaciones tecnológicas afectan el polinomio sobre el cual se calcula la tarifa. Sin embargo, acotó que los cálculos efectuados en función de los costos que significaría la instalación de esto, "no nos permiten señalar que cuando ocurra la plena operación de las medidas que ha decidido tomar el Gobierno, esto pueda tener un impacto en las tarifas".
Sobre el nuevo sistema de prepago que quiere introducirse en el transporte colectivo en la licitación del 2003 y de la homologación del cobro en las máquinas, el subsecretario indicó que la cartera ya trabaja con el Banco del Estado y los operadores de los aparatos para establecer el mecanismo que pretende reemplazar a las monedas, incluso rebajar el precio del pasaje, y liberar de riesgo a los conductores.
