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Continúan interrogatorios a procesados por crimen de Tucapel Jiménez

El primero en declarar ante el juez Sergio Muñoz fue el general (r) Arturo Alvarez, quien comandaba la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época del asesinato y que está acusado como autor intelectual. Le siguieron un brigadier, un teniente coronel, un coronel y algunos testigos.

10 de Abril de 2002 | 15:23 | AP
SANTIAGO.- El juez Sergio Muñoz reanudó hoy los interrogatorios a los 16 acusados y procesados por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en 1982.

El primero en declarar ante el magistrado fue el general (r) Arturo Alvarez, quien comandaba la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época del asesinato y que está acusado como autor intelectual. Le siguieron un brigadier, un teniente coronel, un coronel y algunos testigos.

El crimen se produjo poco antes de que Jiménez concretara un llamado a protesta contra el Gobierno del general (r) Augusto Pinochet.

Por el mismo crimen, el juez Sergio Valenzuela Patiño cerró la causa en varias ocasiones, hasta que la Corte Suprema le quitó la investigación por presiones de familiares del sindicalista.

Muñoz, su colega Juan Guzmán Tapia -quien procesó a Pinochet- y ocho jueces con dedicación exclusiva, entre otros, investigan las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Gobierno Militar.

En tanto, tres diputados oficialistas y dos senadores opositores que trabajan con el Vicario de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, monseñor Alfonso Baeza, trabajan para que la justicia dicte condena a un grupo de terroristas.

Los reos cometieron sus delitos después del retorno a la democracia, en 1990, por lo que el Gobierno no los considera presos políticos.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín, afirmó que 52 presos que pertenecieron a los grupos de ultraizquierda que combatieron por las armas a Pinochet, están procesados por la justicia militar, pero hasta hoy no se les ha dictado sentencia.

"No estamos pidiendo que los dejen libres, ni que les condonen las penas, sino que se dicten las sentencias que los jueces estimen en conformidad a derecho. No es sustentable que los procesos puedan durar 9 ó 10 años sin dictar sentencia", sostuvo Larraín.

El parlamentario añadió que "si se dictara sentencia, las personas que están presas probablemente saldrían en libertad porque las penas que les aplicarían serían inferiores a lo que ya llevan cumplido".
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