SANTIAGO.- El relleno sanitario Santa Marta se preparaba para abrir nuevamente sus puertas a los camiones que esperan depositar en él las 3.500 toneladas de desechos que desde el martes se han acumulado sin destino, luego de que la alcaldesa de Talagante, Lucy Salinas, resolviera ordenar la clausura del vertedero, debido a que éste no contaba con patente comercial de la comuna.
Por dos vías el gobierno y los representantes de las empresas afectadas esperaban conseguir que la decisión de la edil Salinas fuera revocada.
Uno de estos caminos es el que tomó esta mañana el Consorcio Santa Marta (propietario del relleno) y Emeres, entidades que interpusieron dos recursos de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de San Miguel la que aprobó en un fallo unánime los requerimientos que buscaban revertir la decisión de la alcaldesa Salinas.
De igual forma, la Contraloría General de la República, aprobó el Decreto Supremo firmado esta mañana por el Presidente Lagos, que faculta al Sesma para que se haga cargo de la basura de 20 comunas de la capital, y eventualmente reabrir el relleno sanitario Santa Marta. Sin embargo, este Decreto no fue utilizado debido a la resolución de la Corte de San Miguel.
Política destructiva
Más allá de estas acciones, el ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, criticó el actuar de los alcaldes UDI en el tema de la basura, tópico que –dijo- se ha politizado.
Vemos este episodio como un lamentable ejemplo de una política destructiva que no tiene límites para hacer oposición a las cosas que se construyen y nos parece increíble que haya habido una politización de la basura, reclamó Muñoz al referirse a la acción que la alcaldesa Salinas decidió emprender, apoyada por otros jefes comunales de la UDI, como el alcalde de Estación Central, Gustavo Hasbún.
Alcaldesa Salinas: No es un capricho mío
Los alcaldes de San Bernardo, Francisco Miranda, y de Talagante, Lucy Salinas, no lograron ponerse de acuerdo en torno al tema de la patente municipal de Santa Marta, ya que el relleno posee una autorizada por la primera de estas alcaldías. Debido a que no cuenta con el permiso de Talagante, la edil decidió ordenar la clausura del lugar que llevaba algunas semanas de funcionamiento.
Yo no puedo retroceder, porque la ley me lo exige. Esto no es un capricho mío, esto no es una cosa visceral de mi parte. No va a faltar quien me acuse de abandono de deberes, yo quiero que me entiendan, porque he actuado dentro de la ley y en derecho, insistió Salinas en un intento por justificar la orden de clausura.
Comentó que el Consorcio Santa Marta jamás se ha acercado al municipio, han actuado de por sí y ante sí y han vulnerado todas las leyes. Agregó que yo tengo una sola ley y si las autoridades gubernamentales cambian la ley acataré la ley que ellos cambien.
Francisco Miranda conversó temprano con Salinas, pero dijo que no logró convencerla de que basta con la patente que le otorgó San Bernardo. Esto es una cuestión de interpretación, pero cuando uno tiene una duda de este tamaño, cuando uno tiene la facultad legal de clausurar una actividad uno tiene que pensar bien lo que está haciendo a quién está afectando y cuál es el resultado de la acción que va a hacer.
Agregó que hay tantos caminos para resolver esto, pero el que ella ha seguido es el peor de todos, porque siempre hay formas más útiles de conseguir mejores cosas.
