SANTIAGO.- La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó hoy, por decisión unánime, la libertad a los cinco dirigentes microbuseros, quienes están detenidos a raíz de un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado interpuesto por el Gobierno tras el paro de la locomoción colectiva que afectó a la Región Metropolitana el 12 y 13 de agosto pasado.
De esta forma, el tribunal de alzada capitalino confirmó la resolución dictada por el ministro instructor Raúl Rocha, quien anteriormente había otorgado este beneficio a los dirigentes, pero fue rechazado por la misma sala.
Los cinco miembros del Consejo Superior del Transporte -Demetrio Marinakis, Manuel Navarrete, Marcel Antoine, Osvaldo Panza y Armando Huerta- quedarán en libertad luego de que les sea notificada la resolución y cancelen la fianza.
La sala estuvo integrada por los ministros Sonia Araneda, Mauricio Silva y el abogado integrante Humberto Provoste.
El requerimiento interpuesto por el Gobierno se origina por el bloqueo que los microbuseros realizaron en los accesos a Santiago, lo cual generó grandes trastornos en el flujo vehicular y graves pérdidas económicas por el atraso y ausencia laboral en los trabajos.
El abogado de la defensa, José Luis Sotomayor, señaló que el elevado monto de dinero por la libertad bajo fianza "nos parece razonable atendida la importancia de la investigación y se han dispuesto algunas nuevas medidas investigativas, en las que los dirigentes microbuseros y sus abogados vamos a prestar al señor ministro instructor la mayor colaboración posible".
En tanto, otro abogado de la defensa, Jorge Ovalle, indicó que la libertad bajo fianza "es una garantía constitucional establecida por la carta de 1980, en orden a que la libertad provisional constituye un derecho y por consiguiente, con la resolución que ha dictado la ilustrísima Corte de Apelaciones, se ha reconocido el derecho de los detenidos en este proceso a permitir que se continúe con su desarrollo estando los inculpados en libertad".
A su vez, el dirigente camionero Héctor Moya sostuvo que "éste es un trabajo que hemos hecho los equipos jurídicos, los equipos técnicos. Ha habido una conducción y creo que es el resultado de comprender que los dirigentes gremiales a veces nos vemos en la obligación de representar intereses de miles de personas y es posible que no contemos con la comprensión de la ciudadanía".
