SANTIAGO.- El Gobierno reiteró una vez más que es la Justicia la que determina el tiempo y la forma en que proceden los juicios, en respuesta a la iniciativa del comandante en Jefe de la Armada, almirante Miguel Ángel Vergara, en cuanto a buscar un acuerdo político para fijar un plazo de dos años a los procesos por derechos humanos y darle término a estas causas.
Así lo manifestó el ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, quien dijo que ése es un tema que le corresponde a la cartera de Defensa, pero que en todo caso, la postura de la Moneda sigue siendo la misma en el sentido de dejar que las instituciones actúen.
El almirante Vergara, tras acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, ayer miércoles, manifestó que lo ideal sería que se construyera un acuerdo nacional con la participación de la Justicia, los políticos, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, para que en un plazo no superior a dos años se cierren los procesos e investigaciones sobre derechos humanos.
"Ese es un tema que tendrá que ver la ministra de Defensa, pero la postura del Gobierno es ampliamente conocida. Todos estos casos se ven en Tribunales; lo deciden los jueces, y el ritmo y cómo lo deciden lo determina la Justicia. Por algo hay separación de los poderes en nuestro país. No tengo nada más que agregar a lo que pueda decir además la ministra de Defensa", sostuvo el secretario de Estado.
En tanto, el ministro del Interior, José Miguel Insulza reafirmó esta tarde las declaraciones del vocero de La Moneda y manifestó que "el Gobierno no es partidario de aplicar plazos “desde arriba al cierre de un tema”, que según dijo, debe tener un término natural.
Insulza advirtió que ese cierre normal es el que irán haciendo los Tribunales de Justicia en la medida en que concluyan las investigaciones, y precisó que en este momento, los tribunales han designado “magistrados especiales, sean ellos ministros en visita o jueces con dedicación exclusiva".
"Pero dictar una Ley que diga que todo tiene que estar terminado en determinado tiempo, no corresponde con lo que ha sido la historia de estos últimos años", sostuvo el secretario de Estado.
El Partido Socialista también se sumó al rechazo del Gobierno a la propuesta del jefe de la Armada. Su timonel, Camilo Escalona, junto a los diputados Juan Bustos, Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Fidel Espinoza, dijo que su colectividad siempre ha estado en contra de una ley de punto final.
"Frente a cualquier crimen planteamos verdad y justicia, con mayor razón cuando se trata de crímenes contra la humanidad que son los más graves que pueden ocurrir dentro de una sociedad, y evidentemente plantear la antigua interpretación de la ley de Amnistía es una ley de punto final", explicó.
Situación diferente -según el partido- es que se planteara la posibilidad de crear más ministros en visita que se aboquen a estas causas, tal como lo que sucedió en la investigación por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez.
En este sentido, el diputado Bustos fue categórico al afirmar que poner plazos es "un punto final encubierto y está en contra de la verdad y justicia".
Escalona, en tanto, agregó que si el partido no hubiera puesto tanto énfasis en el último tiempo para que casos por violación a los derechos humanos se solucionaran, no hubiera existido nunca una mesa de diálogo donde se confrontaron todos los actores en cuestión y donde -a su juicio- se establece que "institucionalmente las Fuerzas Armadas reconocen los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado y que se comprometen en la búsqueda de una alternativa de solución".
