RANCAGUA.- La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua denegó en forma unánime la solicitud de libertad del jefe de gabinete del ex ministro de Transportes Carlos Cruz, Alejandro Chaparro.
El ex funcionario de Gobierno se encuentra procesado y detenido en el anexo cárcel Capuchinos de Santiago, como coautor del delito de cohecho, en el marco del denominado Caso Coimas que investiga el ministro en visita Carlos Aránguiz.
El tribunal además denegó el acceso al conocimiento del sumario por parte de su defensa, medida que había sido decretada por el juez.
Para su fallo, la Corte consideró que aún existen diligencias pendientes en la causa, para las que la presencia de Chaparro es necesaria.
Una vez conocida la resolución del tribunal, el abogado Eduardo Sepúlveda, quien representa a Chaparro, afirmó que "vamos a seguir trabajando en el expediente para que se cumplan las diligencias que se estiman son imprescindibles o necesarias respecto de mi representado".
Sepúlveda manifestó su tranquilidad porque -a su juicio- la situación de su defendido es transitoria, y adelantó que esta misma tarde apelará al auto de procesamiento al que fue sometido su cliente.
Asimismo, el profesional informó que volverá a solicitar la libertad de Chaparro, una vez que se concreten algunas diligencias pendientes en la causa.
En tanto, el abogado del CDE, Miguel Fredes, sostuvo que la resolución "nos parece que está ajustada a derecho y al mérito de los antecedentes". Según explicó el abogado, el ministro en visita tiene aún alrededor de 20 diligencias que hacer relacionadas con Chaparro, "entonces es muy necesaria la presencia para que se efectúen esas diligencias".
Alegatos
Los alegatos, que se realizaron esta mañana, se extendieron por poco más de 30 minutos, durante los cuales expusieron sus argumentos el abogado defensor, Eduardo Sepúlveda; el querellante, Sergio Ferrada, y el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y también querellante, Miguel Fredes.
El primero en hablar ante el tribunal fue el abogado Sepúlveda, quien sostuvo que la prisión preventiva "jamás puede ser concebida como una pena anticipada", y que su defendido ha presentado una conducta irreprochable, por lo que lo adecuado es que Chaparro recupere su libertad.
Asimismo, el profesional cuestionó que en la causa existan diligencias pendientes, que obliguen a su defendido a permanecer en prisión.
Sepúlveda sostuvo además que Chaparro concurrió voluntariamente a declarar en la causa ante el magistrado Aránguiz y que también ha aportado valiosos antecedentes, lo que jugaría a su favor pues significa que ha colaborado con la investigación.
El abogado agregó que, si es necesario, su cliente está dispuesto a acudir a diario hasta donde el ministro lo determine, para colaborar con las diligencias que se efectúan en el marco de la causa.
El segundo en exponer sus argumentos fue el abogado querellante Sergio Ferrada, quien representa en la causa al procesado empresario rancagüino Carlos Filippi.
El profesional pidió al tribunal que, debido a la naturaleza del delito que se investiga -el que a su juicio traspasa la materia económica y se vincula con actividades ilícitas cometidas por funcionarios públicos que deben ser esclarecidas-, Alejandro Chaparro sea mantenido en prisión.
Ferrada alegó, además, que -a su juicio- Chaparro no ha prestado una gran colaboración con la causa, y arguyó que el juez está facultado por ley para denegar la libertad cuando considere que hay diligencias pendientes.
Finalmente, y en no más de cinco minutos, expuso sus argumentos el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Miguel Fredes, quien solicitó confirmar la resolución de no conceder la libertad a Chaparro y además de negar el conocimiento del sumario, por considerar que existen diligencias pendientes que hacen necesaria la permanencia del procesado en prisión.
Además abogó por las facultades, como la prisión preventiva, que tienen los ministros para llevar de mejor forma las investigaciones.
La sala estuvo compuesta por los magistrados Carlos Bañados y Jacqueline Rencoret, y el abogado integrante Hernán Barría.
Aránguiz realiza misteriosas diligencias
Minutos antes de las 11:00 horas y una vez que se conoció la resolución sobre la libertad del procesado Alejandro Chaparro, el ministro en visita Carlos Aránguiz salió desde el Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua con rumbo desconocido.
Durante la investigación, el magistrado se ha mostrado reacio a informar sobre las diligencias que efectúa en el Caso y hoy se retiró sigilosamente de los tribunales sin hacer declaraciones.
En un comienzo se especuló que el juez se había dirigido a Santiago, donde realizaría diligencias relacionadas con la investigación. Versiones de prensa señalaban que Aránguiz se presentaría en la sucursal del Banco Scotiabank (ex Sudamericano), en donde en enero de 2001 habría sido cobrado el polémico vale-vista extendido por el empresario Carlos Filippi para pagar al ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, por la adjudicación de una planta de revisión técnica en la Sexta Región.
Asimismo, se especulaba que el ministro acudiría hasta el Palacio Ariztía, sede de la Cámara de Diputados en Santiago, para interrogar a algunos de los parlamentarios involucrados en el caso.
Hasta el mediodía no se descartaba que Aránguiz entrevistara además a los detenidos Tombolini y Chaparro en el anexo cárcel Capuchinos.
Sin embargo, posteriormente se informó que en último momento el magistrado habría decidido ir a Valparaíso, para efectuar interrogatorios en la Cámara de Diputados, hecho que finalmente no se llevó a cabo.
