RANCAGUA.- Tres horas y diez minutos duró la jornada en que el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua escuchó los alegatos por la solicitud de desafuero de seis diputados concertacionistas implicados en el Caso Coimas.
La jornada continuará mañana jueves a las 15:30 horas, cuando presentarán sus argumentos los abogados representantes de los diputados Eduardo Lagos (PRSD), Víctor Manuel Rebolledo (PPD) y Aníbal Pérez (PPD).
La sesión de hoy comenzó a las 15:30 horas cuando el relator de la corte de apelaciones de Rancagua, Carlos Moreno, dio cuenta en privado a los magistrados sobre la causa. Luego expuso sus argumentos el abogado querellante y miembro del Consejo de Defensa de Estado (CDE), Guillermo Neale, seguido del representante del diputado Juan Pablo Letelier, Sergio Bunger.
Tras quince minutos de descanso, la sesión se reinició con los alegatos del abogado Fernando Uribe, quien defiende a Cristián Pareto, y del abogado Carlos Cortés, representante del diputado Jaime Jiménez.
El pleno, que hoy sesionó en el cuarto piso del tribunal rancagüino, estuvo conformado por los magistrados Raúl Mera (presidente), Carlos Bañados, Héctor Retamales, Jacqueline Rencoret y Lilian Medina. No estuvieron el ministro Roberto Arias, por encontrarse de vacaciones, y el magistrado Carlos Aránguiz, por ser el instructor de la causa.
El abogado querellante del CDE, Guillermo Neale, fue el primero en exponer sus argumentos ante los magistrados y la gran cantidad de público que repletó la sala.
El profesional sostuvo que el desafuero no significa un procesamiento ni una condena, sino que sólo abre una puerta al órgano encargado de recopilar antecedentes para ahondar en los hechos que se investigan.
Asimismo, Neale afirmó que a través del desafuero se permite al aforado garantías del proceso para que pueda esclarecer su inocencia.
Al respecto, el abogado explicó que si se niega el desafuero nunca se podrá llegar a la verdad y el aforado no tendrá resolución definitiva sobre su inocencia.
El profesional del CDE dijo además que los hechos que se presentan contra los diputados tienen características de delitos, para lo que citó dos de las tres acusaciones por las que el juez Aránguiz procesó al ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini. Uno de ellos se refiere a que un parlamentario de la zona habría intervenido con el objetivo de que no se cerrara una planta de revisión técnica ubicada en la VI región.
El abogado actuó como querellante contra los diputados Víctor Manuel Rebolledo (PPD), Cristián Pareto (ex DC), Jaime Jiménez (ex DC), Eduardo Lagos y Juan Pablo Letelier (PS). Con relación a la situación de Aníbal Pérez (PPD), Neal solicitó que el tribunal de alzada rancagüino resuelva conforme a derecho.
"Letelier fue víctima de odiosidad de Filippi"
A las 16:45 horas inició su intervención el representante del parlamentario Juan Pablo Letelier, Sergio Bunger.
Bunger expuso en su alegato que su representado se ha visto afectado en esta causa debido a la odiosidad y actitud de venganza del empresario rancagüino Carlos Filippi. Dicha animadversión derivaría de la negativa de Letelier de ayudar a Filippi con los conflictos por irregularidades en sus plantas de revisión técnica.
El abogado dijo además que el diputado Letelier ha actuado siempre cumpliendo las atribuciones que tiene por ley, las que le permiten fiscalizar y procurar intereses colectivos y también de carácter particular.
Bunger sostuvo también que los hechos que se investigan se basan sólo en las actuaciones y dichos de Filippi y agregó que no existen, por lo tanto, méritos para que proceda una formación de causa a su cliente.
El profesional detalló que es difícil ejercer la defensa del diputado al no saber exactamente de qué se le acusa, por lo que basó sus argumentos en los delitos consignados en el auto de procesamiento dictado el 8 de noviembre pasado por el ministro en visita Carlos Aránguiz, en el que se sostiene que un parlamentario -que en este caso sería Letelier- intercedió para que no se cerrara una planta de revisión técnica.
Al respecto, Bunger aclaró que Letelier sólo consultó lo que ocurría con la planta debido a que los trabajadores estaban preocupados por su futuro laboral.
En otro caso, Bunger añadió que la relación de su representado con la Escuela de Conductores Siglo XXI se concentra únicamente en que ésta le donó 18 millones de pesos para su campaña electoral. Dicho monto fue prestado por Carlos Filippi a la escuela, ya que no contaba en ese momento con el dinero.
Ésta sería la razón por la cual Carlos Filippi pidió ayuda a Letelier cuando sus plantas estaban siendo fiscalizadas por irregularidades, ayuda que el parlamentario rechazó, según el abogado.
"Solicitud de ministro Aránguiz no respeta el debido proceso"
El abogado Fernando Uribe Echeverría, en representación del diputado Cristián Pareto, sostuvo ante el pleno que la solicitud de desafuero, hecha por el magistrado Carlos Aránguiz, no respeta el debido proceso puesto que se está acusando a personas que no saben por qué delitos están siendo imputados.
El abogado enfatizó que como su parte no ha tenido conocimiento del sumario y, por lo tanto, no ha conocido los hechos concretos por los que se acusa a Pareto, la defensa resulta extremadamente difícil.
Explicó además, que al no indicar los hechos, la resolución del ministro en visita no cumple ni en el fondo ni en la forma con las leyes a las que toda persona tiene derecho.
Finalmente, Uribe afirmó que no existen pruebas de que los diputados hayan participado en hechos ilícitos.
"Jiménez ha sido amenazado de muerte"
El último en exponer hoy fue el abogado Carlos Cortés, defensor del diputado Jaime Jiménez, quien basó su alegato sosteniendo que la Corte de Rancagua no tiene competencia para resolver sobre esta solicitud de desafuero, puesto que los hechos que se le imputan a su representado no han sucedido en la VI región.
Cortés afirmó que el magistrado Carlos Aránguiz no tiene por ley atribuciones para investigar hechos que ocurren en otras jurisdicciones y, en el caso que sí tuviera esa facultad, debería habérsela otorgado la Corte Suprema, hecho que no ha ocurrido.
El abogado cuestionó además la facultad de Aránguiz de solicitar el desafuero de los diputados, puesto que él es sólo un ministro en visita y no un ministro de fuero.
El profesional dijo además que su cliente fue involucrado en el caso por el empresario Alejandro Denham, quien tiene antecedentes de que en 1994 denunció a otro empresario por extorsión, acusación que la Justicia comprobó que era falsa.
Finalmente, el abogado declaró que en las últimas semanas, y desde que el diputado Jiménez inició sus denuncias por irregularidades en plantas de revisión técnica, ha recibido amenazas de muerte incluso en su propia casa, razón por la cual él y su familia, han debido aumentar la seguridad y protección.
