RANCAGUA.- Luego de escuchar por una hora y 30 minutos los alegatos de los tres últimos abogados de los diputados involucrados en el Caso Coimas, a las 17:10 horas de hoy concluyó la vista de la causa ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Se presume que la próxima semana el pleno del tribunal de alzada de la VI Región, tomará decisión respecto de si procede o no desaforar a los diputados Juan Pablo Letelier (PS), Aníbal Pérez (PPD), Eduardo Lagos (PRSD), Víctor Manuel Rebolledo (PPD), Cristián Pareto (ex DC) y Jaime Jiménez (ex DC).
Mañana, a partir de las 15:30 horas, los ministros que conforman el pleno: Raúl Mera (presidente), Carlos Bañados, Héctor Retamales, Jacqueline Rencoret, y Lilian Medina, se reunirán para estudiar los antecedentes para tomar una determinación, la que podría conocerse a última hora de mañana o el lunes próximo.
De ser desaforados, los afectados tienen la posibilidad de apelar a la decisión y, de esta forma, sería el pleno de la Corte Suprema el que finalmente falle sobre el asunto.
En la jornada de hoy expusieron sus argumentos los abogados Eduardo Sepúlveda, en representación del diputado Eduardo Lagos; Nurieldín Hermosilla, en defensa del parlamentario Víctor Manuel Rebolledo, y Jorge Boffil, quien representa al legislador Aníbal Pérez.
Delitos deben ser informados
En sus 30 minutos de tiempo, el abogado Eduardo Sepúlveda señaló que el desafuero sólo corresponde cuando la investigación sobre una causa está agotada y afirmó que en este caso no es así.
En sus argumentaciones, el profesional explicó que cuando un diputado es desaforado, se deja sin representación a todas aquellas personas que votaron por él, razón por la cual se castiga a la expresión popular y no al parlamentario propiamente tal, puesto que lo que está en juego no es la persona, sino la función que ésta desempeña.
Además, Sepúlveda sostuvo que en este caso en particular no se ha aplicado el principio de deferencia, referido al respeto irrestricto a las garantías constitucionales, lo que se concreta informando a las personas exactamente del delito por el cual se les acusa.
El abogado hizo referencia además a que en el sistema procesal penal que está en práctica en algunas regiones del país, el fiscal pide el desafuero de una autoridad sólo cuando existen presunciones fundadas de que no es inocente. Debido a esto, Sepúlveda cuestionó que en estos momentos se apliquen sistemas diferentes para personas con igualdad de derechos.
El representante del diputado Lagos pidió para su cliente una justa y racional investigación, lo que -a su juicio- necesariamente requiere de que se le informe de los delitos que se le imputan.
Presumiendo el posible delito del que estaría siendo acusado su representado, el abogado Sepúlveda reconoció que el día 11 de julio de 2002, el diputado Lagos se reunió en el Hotel San Francisco Kempinski con el fin de tomar conocimiento de las irregularidades por las que estaba siendo acusado correligionario Patricio Tombolini.
Según enfatizó el abogado, el sólo hecho de participar en esa reunión no constituye ningún acto ilícito, y agregó que su defendido sólo actuó en forma fraternal para saber de qué se acusaba a Tombolini.
Hermosilla pide suspensión de fallo
Por su parte, el abogado del diputado PPD Víctor Manuel Rebolledo comenzó su alegato manifestando su desesperanza con el resultado de su intervención, y solicitando al tribunal que suspenda el fallo del desafuero hasta que se realicen diligencias para comprobar los hechos que se le imputan a su representado.
Según argumentó Hermosilla, si el tribunal acepta esta solicitud no se paraliza la investigación que ya está en curso, sino que se activa, no se perjudica a nadie, y se respeta el debido proceso.
Hermosilla fue enfático en señalar que detrás de todas estas acusaciones contra Rebolledo existe un verdadero complot y montaje por parte del empresario rancagüino Carlos Filippi, lo que se comprueba con los documentos bancarios que éste presentó en el reportaje de la revista Qué Pasa, los que resultaron ser falsos, tal como lo publicará mañana el semanario.
El abogado detalló que los comprobantes de depósitos no corresponden a los formularios del banco de su representado, y tampoco corresponden las fechas de las transacciones. Al respecto puntualizó que las boletas de depósito entregadas por Fillipi registran pagos desde febrero del 2001, pero Rebolledo sólo recibió pagos desde abril de ese año, como consta en sus cartolas.
Hermosilla sostuvo además que, como en los casos de todos los diputados involucrados en esta causa, no está claro a qué delitos se refiere el ministro Aránguiz para solicitar el desafuero de su representado y explicó que para establecer la defensa sólo pudo basarse en los delitos por los que se sometió a proceso a Patricio Tombolini.
El abogado explicó que los 10 millones que Filippi alcanzó a depositar en la cuenta de Rebolledo, sólo correspondían a pagos de asesorías o "lobby", y que el único ilícito en el que incurrió su representado fue no entregar boletas, situación que ya fue resuelta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Finalmente, Hermosilla sostuvo que Rebolledo no puede estar involucrado en delitos cometidos por funcionarios públicos, puesto que no lo era en el momento en que prestó asesorías para la empresa Lepe y Álamo, por las cuales recibió el pago.
Boffil: "Abogados litigan a ciegas"
En tanto, el abogado Jorge Boffil, representante del diputado PPD Aníbal Pérez, reclamó ante el tribunal que en este caso no ha habido un debido proceso para los parlamentarios, ya que sus defensas no tienen conocimiento del sumario y no conocen los delitos en los cuales estarían involucrados, razón por la cual los "abogados litigan a ciegas".
En su alegato, el profesional rebatió el argumento que ayer utilizó el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Guillermo Neale, quien sostuvo que con el desafuero los parlamentarios tendrán la garantía de demostrar su inocencia.
Boffil sostuvo que esa afirmación no corresponde a debido proceso, ya que lo que debe presumirse es la inocencia y no la culpabilidad.
Asimismo, el abogado enfatizó que un hecho "teñido" de delito no basta para quitar el fuero y afirmó que para desaforar a un parlamentario, debe acreditarse el delito.
El representante de Aníbal Pérez explicó que el único hecho en el que su cliente pudo haberse visto involucrado, fue en una entrevista concedida a un diario local en la que criticó el cierre de las plantas del fallecido empresario Óscar Zepeda, debido al atochamiento que se produjo al quedar sólo uno de estos recintos funcionando en Rancagua.
En esa oportunidad, Pérez solicitó al seremi reconsiderar la decisión como una solución transitoria con el fin de evitar las aglomeraciones que se producían en la única planta que quedó en la ciudad.
Según afirmó el abogado, Aníbal Pérez sólo efectuó actividad política en su zona distrital con el fin de resolver un problema concreto, lo que en ningún caso se puede interpretar como tráfico de influencias.
Finalmente, Boffil recordó a la Corte que el abogado del CDE no alegó en contra de su representado, porque consideró que no existían suficientes antecedentes como para privarlo de su fuero.
