SANTIAGO.- El empresario rancagüino Carlos Filippi dijo hoy haber recibido amenazas de muerte y ser objeto de seguimientos, luego de haber destapado una serie de coimas en la Sexta Región, situación que mantiene procesado por el delito de cohecho el ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini.
En entrevista con radio Bío Bío el dueño de plantas de revisión técnica sostuvo que, a su parecer, habría gente de La Moneda que se estaría complicando con sus denuncias.
"Claro que sí. Yo creo que sí. Están complicados porque me han ido a allanar mi casa, (además de) un montón de cosas. Soy seguido todos los días, me siguen", precisando que desconoce exactamente quienes lo estarían vigilando.
Explicó que los seguimientos consisten en grabaciones de video y captación de fotografías, y que los amedrentamientos a su integridad física se han extendido también a su familia.
Pese a ello, manifestó que "voy a llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias", explicando que no tiene miedo de lo que pueda venir en el futuro.
En tanto, en calidad de detenido e incomunicado quedó el concesionario de plantas de revisión técnica, Erasmo Rocco, tras declarar ante el ministro en visita del caso coimas Carlos Aranguiz.
El empresario fue interrogado por el magistrado, al igual que su esposa, luego de lo cual quedó a disposición de la justicia.
Rocco, quien posee plantas en Rancagua y Santa Cruz, entró en serias contradicciones en relación a declaraciones anteriores formuladas anteriormente por el ex seremi de Transportes de la zona, Lincon Pérez y por el diputado PPD Aníbal Pérez.
Además, en los tribunales de Rancagua declaró hoy el empresario Oscar Valenzuela, quien entregó dinero para la campaña del diputado PS Juan Pablo Letelier. El parlamentario posteriormente habría hecho lobby ante Tombolini para impedir que se cerrara una planta de revisión técnica perteneciente al primero, lo que fue negado hoy por la defensa de Valenzuela.
La próxima semana el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua deberá decidir si acoge o rechaza los desafueros en contra de los diputados Aníbal Pérez y Víctor Manuel Rebolledo (PPD), Cristian Pareto y Jaime Jiménez (ex DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Eduardo Lagos (PRSD), solicitados por el magistrado Aranguiz, ya que los parlamentarios tendrían grados de implicancia en las coimas.
