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Caso Coimas: Suprema pide más antecedentes para resolver desafueros

Los cinco abogados defensores y el querellante del Consejo de Defensa del Estado, alegaron ante el pleno de la Corte Suprema en una maratónica jornada que se extendió por más de tres horas.

26 de Diciembre de 2002 | 12:33 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- Por más de tres horas se extendió esta mañana la jornada de alegatos por la vista de los desafueros de cinco diputados de la Concertación implicados en el denominado Caso Coimas.

Luego de finalizar la sesión, los magistrados decidieron solicitar a la Corte de Apelaciones de Rancagua los expedientes originales de la causa, con el fin de estudiarlos para un mejor resolver.

La jornada de hoy comenzó a las 09:20 horas y concluyó a las 12:30, cuando el presidente (s) del máximo tribunal, Hernán Álvarez, dio por cerrada la maratónica sesión en la que se realizaron seis alegatos.

Antes de comenzar con las intervenciones, el ministro Álvarez se reunió en forma privada con los cinco abogados defensores, y el abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), aparentemente con el fin de planificar la jornada.

La intervención de este último abogado fue especialmente importante, ya que entregó nuevos antecedentes que afectan especialmente al diputado Juan Pablo Letelier.

Defensa de Cristián Pareto: No está acreditada la existencia del delito

El primero en exponer ante 16 de los 21 ministros que componen el pleno de la Corte, fue el abogado Fernando Uribe Etxeverría en representación del diputado Cristián Pareto.

En su alegato, el abogado sostuvo que la resolución del 8 de noviembre de 2002 en que el ministro en visita Carlos Aránguiz solicitó el desafuero de su defendido, adolece de vacíos procesales y constitucionales que lo hacen inaceptable. Esto, porque para los involucrados no es posible conocer los antecedentes del sumario y porque además no está comprobada la existencia del delito que se le imputa a Pareto.

El abogado afirmó que el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que concedió el desafuero intentó justificar lo injustificable, puesto que el hecho que se le imputa a su representado -haber solicitado y aceptado dinero para influir en funcionarios públicos en favor de un particular- no está debidamente acreditado. Uribe profundizó que la Corte argumenta que existen "presunciones bastantes" para acreditar el hecho, sin que este término exista legalmente.

Respecto del hecho mismo que se le imputa al diputado Pareto, Uribe sostuvo que de haber solicitado dinero, no hay infracción a los deberes de su cargo y que no influyó en ningún funcionario público.

El abogado restó validez a las "presunciones bastantes" que existirían en contra de su representado debido a que éstas vienen de declaraciones de otros implicados en el caso que intentan defender su persona, como son el empresario Carlos Fillipi, el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, y otros.

Finalmente el profesional solicitó la revocatoria del desafuero y además sostuvo que el arraigo dictado por el magistrado Aránguiz no se atiene a la ley.

Defensa de Jaime Jiménez: Aránguiz no es competente

Luego de los 20 minutos utilizados por Uribe, a las 09:42 horas comenzó su intervención el abogado Carlos Cortés en representación del diputado Jaime Jiménez. Cortés centró su argumentación en la falta de competencia que tendría tanto el ministro Aránguiz como la Corte de Apelaciones de Rancagua en investigar hechos que no ocurrieron en la VI Región, zona de su jurisdicción.

El abogado sostuvo que en este caso las leyes de competencia no han sido cumplidas, puesto que a pesar de que se presentó una querella en octubre de 2002 en la Corte de Apelaciones de Rancagua, los hechos que se le imputan al diputado Jiménez se desarrollaron en Santiago por lo que el juez no tiene competencia para investigarlos.

Cortés especificó además que el argumento de la resolución de la Corte de Rancagua para justificar la competencia del juez, no corresponde. Para ello explicó que el último delito que habría cometido su defendido se produjo en Santiago y que la ley sostiene que la competencia recae en la Corte del lugar donde se cometió el último delito.

El profesional también refutó el argumento de la Corte de Rancagua que sostiene que el ministro en visita, por serlo, tiene jurisdicción extraterritorial. Al respecto, Cortés afirmó que "ninguna Corte puede autorizar a un juez a que tenga competencia nacional".

El abogado precisó además que no está acreditada en el proceso la existencia de un delito. Si bien reconoce que existió una reunión a la que acudió el diputado Jiménez, afirmó que no existen pruebas de que éste haya solicitado un beneficio económico y que suponiendo que si la hubiera hecho, la ley sólo sanciona cuando el beneficio es recibido, y Jiménez nunca lo recibió.

Defensa de Víctor Manuel Rebolledo: Suprema debe ser más seria

La jornada continuó a las 10:15 horas con el alegato del abogado Nurieldín Hermosilla en representación del diputado Víctor Manuel Rebolledo, quien sostuvo que para decretar un desafuero debe haber más que los meros datos necesarios para detener a un imputado.

El abogado señaló que el caso en cuestión es muy importante y, por lo tanto, es necesario que el desafuero sea estudiado con mayor prolijidad. Al respecto, Hermosilla profundizó sosteniendo que ni aún los datos que autoricen la detención de una persona, son suficientes más aún cuando están basados en los "dichos" de otros involucrados en el mismo caso.

El profesional sostuvo que la Corte debe ser más exigente a la hora de tomar una resolución debido a que hasta ahora se ha basado en declaraciones de testigos "mentirosos", como es el caso del jefe de gabinete del ex ministro Carlos Cruz, Alejandro Chaparro, quien está confeso de haberse quedado con cinco millones de pesos, o del empresario Carlos Fillipi, quien ha sido procesado en varias oportunidades por diversos delitos.

Hermosilla solicitó al tribunal tener el mínimo de seriedad que no se tuvo en la Corte de Rancagua, donde a su parecer existió un ante-juicio para darle la razón a un tribunal menor.

Finalmente, el abogado propuso al máximo tribunal que previo a resolver sobre los desafueros se efectúen diligencias para profundizar en la investigación y para que se comprueben realmente los hechos que se imputan.

Hermosilla pidió además que en caso de que se conceda el desafuero, quede claramente estipulado que no se trata de un procesamiento para que los tribunales menores no lo entiendan así.

El abogado terminó su intervención a las 10:42 horas, luego de lo cual se realizó un receso de aproximadamente 23 minutos, retomando los alegatos el abogado Eduardo Sepúlveda por el diputado Eduardo Lagos.

Defensa de Eduardo Lagos: Tribunal debe agotar investigación

En su alegato, Sepúlveda comenzó exponiendo ante el tribunal sobre los efectos que puede tener un desafuero múltiple en términos de afectar el quórum parlamentario y, por lo tanto, la ejecución de las leyes, como también la soberanía de miles de personas que quedarían sin representación.

El abogado sostuvo además que por la trascendencia del fallo, es necesario que se eleven las exigencias para que no se afecte la soberanía y que se cumplan requisitos como para someter a proceso a un imputado, es decir, que esté agotada la investigación.

Sepúlveda argumentó además que no existen antecedentes en contra de su defendido más que los que publicó "El Mercurio", puesto que en los procesamientos que fueron dados a conocer el 8 de noviembre, el diputado Lagos no aparece mencionado.

Al igual que los otros abogados, Sepúlveda hizo hincapié en que los hechos que se atribuyen a su defendido se basan sólo en las declaraciones incriminatorias de distintos involucrados en el caso, y no en hechos probados, por lo que pidió al tribunal que se agote la investigación antes de tomar cualquier decisión.

Finalmente, el profesional sostuvo que el delito de cohecho que se imputa al diputado Lagos requiere de intencionalidad, la que en ningún caso ha tenido su representado.

Defensa de Juan Pablo Letelier: Antecedentes no son suficientes

A las 11:33 horas inició su exposición el abogado Sergio Bunger, quien representa al diputado Juan Pablo Letelier. El profesional comenzó su argumentación exponiendo los hechos que se atribuyen a su cliente, que se refieren a su intervención para que no caducara una planta de revisión técnica de propiedad del empresario Óscar Valenzuela.

Como sus colegas, Bunger afirmó que no son suficientes los antecedentes entregados por otros testigos también involucrados en el Caso Coimas, para dar por establecidos los hechos que involucran a Letelier. Para ello, Bunger recordó que el empresario Carlos Fillipi enfrenta procesamientos previos al caso y que el ex seremi de Transportes Lincoln Pérez también es investigado por su desempeño en el cargo y la relación que tenía con Fillipi.

Además, el abogado señaló que el mismo empresario Valenzuela declaró no haber tenido relación con Letelier ni haber pagado para evitar el cierre de su planta.

El profesional recalcó que la Corte de Apelaciones de Rancagua incurrió en un error cuando sostuvo que en el caso de la planta de Valenzuela se detuvo el proceso administrativo de caducidad, puesto que efectivamente se realizó y la planta fue cerrada, para lo que entregó documentos de la Contraloría que así lo avalan.

Finalmente, Bunger sostuvo que Letelier jamás trató de influir para lograr detener el cierre de la planta y que lo único que sí efectuó fue llamar al seremi para informarse de lo que ocurriría a petición de los trabajadores de la planta. Además expuso que no existe un beneficio económico de por medio, por lo que no es posible que exista el delito de cohecho en este caso.

CDE: Desafuero es el único camino para investigar a los parlamentarios

Justo al mediodía comenzó la intervención del abogado querellante Eduardo Urrejola, representante del CDE, quien en un punteo expuso caso a caso los hechos por los que sí deberían ser desaforados los cinco diputados.

Respecto al parlamentario Víctor Manuel Rebolledo, el abogado señaló que en los hechos está establecido que el empresario Carlos Fillipi hizo llegar cinco millones de pesos a Tombolini para obtener la ampliación de sus plantas y que para que esto se efectuara Rebolledo intervino entre ambos recibiendo también un beneficio económico.

A juicio del abogado, esto constituye soborno porque Rebolledo coactúa en un hecho ilegítimo, que en este caso es la ampliación de una planta.

Con relación a los diputados Pareto y Jiménez, el abogado Urrejola sostuvo que existen más que fundadas sospechas de que recibieron beneficios económicos por intervenir en favor de Carlos Fillipi.

Urrejola sostuvo además que existen diversas declaraciones que acusan la participación de diputados en los hechos que se les imputan, entre ellas las dos de altos funcionarios del Ministerio de Transportes, quienes sostuvieron que Jiménez les había solicitado la remoción del seremi Lincoln Pérez y que se ampliara la planta de Fillipi.

Respecto del diputado Lagos, el abogado del CDE sostuvo que existen fundadas sospechas que participó junto a Pareto y Jiménez en una reunión en la que solicitaron dinero a cambio de intervenir en favor del empresario plantero Alejandro Denham.

Pero, sin duda, lo más novedoso de la intervención de Urrejola fueron los nuevos antecedentes que entregó respecto de la participación del diputado Juan Pablo Letelier en los hechos.

En este sentido, el profesional señaló que el subsecretario Patricio Tombolini habría exigido indebidamente al seremi Lincoln Pérez que no cerrara la planta de Óscar Valenzuela porque se trataba de un contribuyente político del diputado Letelier. Urrejola especificó que en diversas declaraciones efectuadas ante el magistrado, entre ellas las del propio Pérez, se sostiene que Letelier amenazó a Tombolini diciendo que si cerraba la planta de Valenzuela, podría ver frenadas sus iniciativas legales en el Parlamento.

Asimismo, detalló que en poder de la Corte existen fotocopias de cheques que se entregaron a Fillipi y que corresponden a un canje que había girado en favor de terceros a petición de Letelier.

Finalmente, el abogado sostuvo que el desafuero es el único camino para investigar profundamente a los parlamentarios y que no es necesario que estén acreditados los delitos, porque éste es un ante-juicio y no un procesamiento.

Cinco ministros no pueden votar

De los 21 ministros que conforman el máximo tribunal, sólo 16 pueden votar. El resto quedó inhabilitado pues no asistió a la sesión del martes debido a feriados legales o permisos administrativos.

En esa situación están Mario Garrido, presidente de la Corte, quien por vacaciones debió ser subrogado por Hernán Álvarez, y los magistrados Alberto Chaigneau, Eleodoro Ortiz, Nibaldo Segura y María Antonia Morales.

Los cinco diputados fueron desaforados en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Rancagua el 26 de noviembre pasado.

La solicitud de desafuero fue hecha por el ministro en visita Carlos Aránguiz el 8 de noviembre pasado, el mismo día en que el magistrado sometió a proceso al ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, y a otros cinco implicados en el caso.
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