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La Moneda no varía postura para lograr que Perú reconozca vigencia del APPI

Pese a las críticas vertidas por el Gobierno peruano por la intervención del Gobierno en este caso, la administración del Presidente Lagos no varía su postura en defensa de los capitales que la empresa Lucchetti ha invertido desde 1998 ese país, los que superan los $150 millones de dólares.

26 de Diciembre de 2002 | 13:57 | Mauricio Campusano, El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- El Gobierno chileno tomó nota de la postura fijada por su similar de Perú en cuanto a que no corresponde la aplicación del Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (APPI) para la controversia que afecta a la empresa Lucchetti en ese país, y reiteró este jueves que La Moneda cree que la acción del municipio limeño es discriminatoria contra la empresa chilena y que sí es aplicable el convenio firmado entre ambos Estados en agosto de 2001.

De esta forma, y pese a las críticas vertidas por el Gobierno peruano por la intervención de La Moneda en este caso, la administración del Presidente Lagos no varía su postura en defensa de los capitales que la empresa Lucchetti ha invertido desde 1998 ese país, los que superan los $150 millones de dólares.

"El Gobierno chileno reitera que la disputa que afecta a Lucchetti en Perú está bajo la jurisdicción del acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (APPI), y que la acción de la Municipalidad de Lima es discriminatoria", dijo este mediodía el vocero gubernamental, Heraldo Muñoz, al comentar el tenor de la misiva enviada por la Cancillería peruana.

El referido acuerdo de protección de inversiones fue firmado en agosto de 2001 por los gobiernos de Chile y Perú, y entre sus puntos se establece la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en caso de que surjan controversias por las inversiones realizadas por capitales de cualquiera de los dos países.

No obstante, la interpretación peruana es que este acuerdo no tiene vigencia para el caso de la empresa Lucchetti, por cuanto ésta comenzó a operar antes de que se firmara el convenio. La Moneda, en cambio, se ampara en que como la decisión de expulsar a la empresa se tomó con posteridad a la firma del mismo, el APPI y la presentación ante el Ciadi es plenamente aplicable.

Con todo, y pese a que La Moneda insiste en su deseo de que se respete el convenio para la protección de las inversiones, el ministro Muñoz se mostró lejos de querer transformar entre problema en una disputa diplomática entre ambos gobiernos, pero advirtió que para que ello siga así es necesario el cumplimiento de los convenios firmados y el respeto del derecho internacional.

"No quisiéramos que se vieran afectadas (las relaciones), y para eso hay que aplicar lo que corresponde, el derecho internacional y los convenios internacionales, que en este caso es el APPI", dijo Muñoz.

Para no ahondar en mayores diferencias con el Palacio de Pizarro (sede del Ejecutivo peruano), el vocero de La Moneda hizo hincapié en destacar que la nota de la Cancillería incaica reconoce la existencia del recurso de Lucchetti ante el Ciadi, y dijo que ése el camino que el tema debiera seguir en adelante.

El gobierno de Perú cuestionó a última hora del martes que su par chileno se haya inmiscuido en el conflicto que mantiene la empresa Lucchetti con el municipio de Lima, argumentando que se trata de una diferencia que debe ser resuelta en el ámbito de la legislación aplicable y que se debe evitar que sea elevada a escala política.

En un duro pronunciamiento público, la administración del Presidente Alejandro Toledo advirtió al Ejecutivo chileno que las intervenciones políticas pueden afectar las relaciones bilaterales, lo que fue descartado este jueves desde La Moneda.

Lucchetti enfrenta el cierre inminente de su planta, ubicada en la reserva ecológica de Chorrillos, Lima.

Lucchetti insta al gobierno peruano a intervenir

El abogado de la empresa, Edmundo Eluchans, dijo que el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado con Perú "es letra muerta" si la Cancillería del país vecino insiste en eludir la responsabilidad que le corresponde al Estado sobre la orden municipal de clausura de la planta de esa empresa en Lima.

En conversación con Radio Agricultura, el profesional reiteró que los derechos de la fábrica de pastas están siendo pasados a llevar "violentamente" al no respetar el mencionado acuerdo que ambos países suscribieron.

Aclaró que el tratado es perfectamente aplicable a esta situación, porque la controversia es entre Lucchetti y el Estado del país vecino, ya que la Municipalidad es un órgano político que forma parte del aparato estatal.

Eluchans informó que desde hace 15 meses la empresa ha enviado 5 cartas al Presidente de Perú, Alejandro Toledo, invocando el mencionado convenio para abrir un procedimiento de consulta por 6 meses de manera que las partes en conflicto alcancen un acuerdo.

No obstante, dijo que las misivas "no han merecido ninguna respuesta del Gobierno del Perú", por lo que, pese a reunirse con altos funcionarios gubernamentales y municipales, no se han podido sentar a conversar y demostrar que la planta no daña el entorno ecológico, como lo indica la certificación del Inrena, organismo oficial del país vecino encargado de velar por el control del medio ambiente.
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