SANTIAGO.- El diputado PPD Jorge Tarud, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, criticó hoy al Gobierno del Presidente peruano Alejandro Toledo por no hacerse cargo del conflicto que enfrenta la empresa chilena Lucchetti en ese país y por delegar esa función a la Municipalidad de Lima.
"Lamento profundamente que el gobierno peruano no esté asumiendo su responsabilidad y esté eludiendo su responsabilidad al mismo tiempo, al seguir señalando que éste es un tema que le compete a una Municipalidad", dijo el parlamentario.
La Municipalidad de Lima ordenó la semana pasada el desalojo de la fábrica de Lucchetti de la reserva ecológica Pantanos de Villa, en la localidad de Chorillos, debido al impacto ambiental que produce su presencia en la zona.
No obstante, la compañía chilena acudió el lunes pasado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), invocando el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (APPI) suscrito entre Chile y Perú en 2000.
En declaraciones a radio Bío Bío, Tarud indicó que la alcaldía limeña estaría prácticamente asumiendo las Relaciones Exteriores de Perú en el caso "y eso a mí, me parece muy irresponsable de parte de un gobierno".
Aseguró que la decisión de cerrar Lucchetti con el fin de proteger la reserva ecológica Pantanos de Villa no se basa en una decisión ambiental, sino que en una decisión política de Toledo dada la baja popularidad de su gobierno.
La orden de desalojo en contra de la planta de Lucchetti en Pantanos de Villa, instalada en ese lugar hace cinco años, implicará despedir a sus cerca de cuatrocientos trabajadores.
Lucchetti estima que la Municipalidad limeña se ha "ensañado" en contra de la fábrica de pastas, pues en las inmediaciones de su planta funcionan instalaciones de las empresas estadounidenses 3M y Kimberly Clarck, que no han afrontado procesos.
El gobierno chileno ha defendido su derecho a intervenir en el caso, argumentando que debe velar por el amparo jurídico de las inversiones chilenas en el exterior y por el cumplimiento del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPI), firmado hace dos años con Perú.
Mientra Lima sostiene que el APPI no es aplicable porque el conflicto de Lucchetti comenzó en 1997, Santiago señala que sí lo es ya que la determinación de expulsión de la firma desde la zona de Pantanos de Villa se produce cuando el tratado está vigente.
